El segundo intento constitucional no genera mayor interés. Estamos a pocos días de una elección que puede marcar al país por décadas, pero no se percibe un clima de esa trascendencia. Siempre debió ser así. Lo anómalo fue que el extravagante proceso anterior nos hizo creer que, durante el proceso de redacción, Chile debía desfilar por la cornisa. Pese a ello, hay un área del texto constitucional donde sí nos jugamos la vida: el derecho a la salud.

Justamente ese punto es el que ha concentrado la tensión en la Comisión Experta. El oficialismo quiere que solo se pueda elegir a nivel de prestadores (clínicas y hospitales), mientras la oposición busca que se reconozca también la libertad de elegir a nivel de quién administra el seguro de salud (un ente estatal o privados). La diferencia no es trivial.

La propuesta de la izquierda podría terminar, tal como lo contempla el programa de gobierno, en crear un asegurador estatal monopólico a nivel de los ciudadanos y un monopsonio a nivel de prestadores, con todos los perjuicios que eso significa. Ante un monopolio, los pacientes no tendrán alternativas si es que el asegurador estatal no provee soluciones. Eso es lo que hoy sucede para muchos usuarios de Fonasa que deben resignarse a esperar por años ser atendidos. Miles mueren en esa espera.

En tanto, las clínicas y laboratorios privados serán cautivos del Estado. Sólo podrán hacer las atenciones que éste pueda financiar y en las condiciones que fije, a diferencia de lo que sucede en un sistema donde existan otros compradores de servicios médicos. Esto es especialmente complejo en un área donde la innovación salva vidas. Por ejemplo, en 2022 el Ministerio de Salud celebraba el uso, por primera vez, de un robot para tratar el cáncer. Esa misma tecnología se usa en las clínicas privadas desde 2009, gracias a que las aseguradoras privadas decidieron financiar su uso.

El pragmatismo indica que no hay una ganancia al excluir la participación de aseguradores privados. Menos cuando su participación en el sistema de salud chileno se remonta al siglo XIX. Es innegable que hoy el sistema requiere de profundos cambios, pero ninguna de sus falencias será solucionada por un monopolio estatal.

Garantizar la libertad de elección en todos los niveles no significa “constitucionalizar” las Isapres. Por el contrario, la libertad de elegir asegurador perfecciona la libertad de optar por prestadores y resguarda de mejor forma el derecho a la salud. Por ejemplo, permitiría garantizar la existencia de un plan de salud universal y que solidariamente se compartan los riesgos entre todos los afiliados; un modelo muy distinto al actual.

Desde los principios, no se entendería que la nueva Constitución retroceda en las libertades que hoy gozamos y es perfectamente compatible con un Estado social de derecho: así funciona el sistema de salud alemán.

Columna de Pablo Eguiguren, Director de Políticas Públicas, publicada en La Segunda.-