A más de tres meses dictado el fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, hoy solo hay cifras 'estimativas', como las definió la ministra Aguilera, sobre cuál sería el impacto de la sentencia judicial.

De acuerdo a los parlamentarios que se han reunido con el Ministerio de Salud, serían US$1.400 millones los que se debieran restituir. Una cifra de tal magnitud -equivalente a las utilidades del sistema en 33 años- que poco importa el debate sobre si el plazo de pago será en dos o tres años. Por otro lado, refleja el tamaño del problema a resolver por parte del gobierno.

Mucho se ha hablado de los graves perjuicios que significaría el colapso del sistema asegurador privado -que no solo afectaría a los afiliados de las aseguradoras privadas, sino que también a las ya largas listas de espera de los hospitales públicos (subieron 8% en 2022) y a los millones de afiliados de Fonasa que se atienden en prestadores privados, así como a su personal-, pero poco se ha discutido sobre el futuro de un sistema privado de seguros de salud, al que según las encuestas la mayoría de los chilenos quiere pertenecer.

Incluso en el caso que el Ejecutivo logre evitar una quiebra masiva de Isapres, ¿podrán aquellas que no quiebren, pero que quedarán con significativos pasivos, invertir lo necesario para entregar una atención de salud oportuna y de calidad a sus afiliados?, ¿habrá nuevos interesados en ofrecer seguros privados?, ¿serán accesibles para la clase media?

Tal parece que nos están empujando a que todos terminemos engrosando las listas de espera de Fonasa.

Pablo Eguiguen, Director de Políticas Públicas, carta publicada en La Tercera.-