Uno supondría un evidente acuerdo en que la preocupación principal de las políticas sociales debiera ser cómo mejorar las condiciones de vida de quienes hoy viven en pobreza y vulnerabilidad. Que el foco debería estar en las personas y su realidad: cómo mejorar sus ingresos, la calidad de la educación a los colegios de sus hijos, la oportunidad en la atención de salud que recibe, entre otros aspectos.

Pero en épocas en que importan más las consignas y las mochilas ideológicas que explican los problemas de unos como la culpa de otros, no extraña que algunos se olviden de los que tienen problemas y se concentren simplemente en eliminar instituciones o mecanismos que explican que otros no los tengan. Me imagino que si el Principito les preguntara a los que así actúan “¿por qué?”, le responderían con simple convicción: “es la consigna”.

La razón es simple: la consigna dice que los problemas de algunos son culpa de los privilegios de otros. Ya no es solo aquello de que si hay pobres es porque hay ricos, sino que los malos colegios existen por culpa de los buenos y la pésima atención de salud que reciben algunos responde a que otros no tienen ese problema. ¿Cómo avanza la consigna?

En materia tributaria, en el texto constitucional propuesto, la distribución del ingreso está planteada como un objetivo en sí mismo. En consecuencia, para alcanzar ese objetivo bastaría con sacar más recursos a los que tienen mayores ingresos para así mejorar la distribución del ingreso. ¿Pero se traduce ello en que los que tienen menos vivan mejor? Por el hecho de aplanar los ingresos de los ricos, ¿mejoran los ingresos de los más pobres? ¿Mejorará su calidad de vida?

En la reforma tributaria propuesta también subyace esa mirada. El impuesto al patrimonio ha sido un caballito de batalla político de esta reforma, desoyendo el mayoritario consenso existente entre los economistas que plantea que es difícil de implementar y que recauda pocos recursos. No es casualidad que la mayoría de los países que la han implementado en el pasado ya lo eliminaron y que solo dos de las 75 organizaciones y expertos que expusieron en las audiencias públicas de los diálogos sociales, convocados por el Ministerio de Hacienda en el marco de la reforma tributaria, propusieron este tipo de impuestos.

Cuando se plantean los desafíos en el ámbito de la salud, recurrentemente se da como explicación de los problemas de un sistema, la existencia de otro. Uno de ellos es notoriamente más eficiente, sin listas de espera y con atención oportuna… y sería el responsable de que exista otro ineficiente, con largas listas de espera y deficiente oportunidad en la atención. Luego, con la misma superficialidad, se promete que la solución es privilegiar como opción única el que funciona mal. Con la propuesta constitucional que crea el Sistema Nacional de Salud y cuya base es la atención primaria, precisamente se fuerza a migrar a toda la población a este único modelo que hoy presenta las mayores falencias. ¿Mejorará ello la atención que hoy se entrega en los consultorios de salud primaria? ¿Optimizará la atención que hoy se entrega a través de la red pública de salud?  

Y si hablamos de educación, ya es un clásico el dicho del año 2014 del entonces ministro de Educación, cuando convocó “a bajar de los patines” a unos estudiantes como paso previo a apoyar a aquellos que no estudiaban en la educación subvencionada. Con esa misma lógica se propone hoy crear el Sistema Nacional de Educación, obligando al Estado, con rango constitucional, a financiar el Sistema de Educación Pública. ¿Qué pasará con la privada que hoy recibe financiamiento público y la mayoría de los estudiantes del país? ¿Se puede afirmar que los problemas de calidad de los establecimientos estatales de educación son culpa de los que funcionan mejor, sin terminar haciendo pagar a millones de familias el costo de actuar siguiendo el dogma del programa político?

La realidad nos muestra que la pobreza en el país y la vulnerabilidad de la clase media no se deben a que existan demasiados ricos, sino que como país dejamos de generar las condiciones para hacer posible la tan ansiada movilidad social, la posibilidad de encontrar más y mejores empleos y la posibilidad de volver a progresar. Mientras el propósito principal de un programa político siga siendo desarmar aquello que funciona bien –porque eso dicta la ideología, porque eso manda el programa- no debiera extrañarnos que las graves consecuencias sociales de corto y largo plazo de sistemas de salud y educación estatales deficientes se sigan profundizando y extendiendo a cada vez más chilenos. Y si como el Principito alguien, viendo este proceso, dice “no comprendo”, se le contestará que “no hay nada que comprender, la consigna es la consigna”.

Columna de Bettina Horst, Directora Ejecutiva, publicada en El Mercurio.-