RESTITUCIÓN Y EXTORSIÓN

Son tantas las cuestiones fundamentales sobre el futuro de Chile que se discuten por estos días en la Convención Constitucional, que han pasado inadvertidas las gravísimas declaraciones del director de la CONADI, Luis Penchuleo. Declaró en el Diario Austral que las compañías madereras deberán “retroceder en el territorio” y que para eso establecerán una “mesa de diálogo”.

Una de las funciones principales de la CONADI es la compra de tierras, mecanismo que, más allá de sus intenciones, funciona desde hace años sin lograr el objetivo de satisfacer las demandas territoriales pues actúa como un verdadero poder comprador de violencia. Activistas de la etnia mapuche se toman tierras de otros propietarios y luego solicitan a la CONADI su compra y asignación. En vez de ir resolviendo la demanda por tierras, ésta va aumentando pues es un gran negocio para los ocupantes y los propietarios muchas veces ceden a la presión al no tener opciones. El anuncio de duplicar los fondos para compras de tierras provocará más violencia en La Araucanía.

Tres cuestiones que vienen de la Convención agravan más el cuadro. La plurinacionalidad, la decisión de restituir tierras a indígenas, cuyo alcance sería determinado por una comisión y el establecimiento de sistemas de justicia y derechos de propiedad distintos para los pueblos indígenas, alentarían una disputa por la propiedad de la tierra que tiene el riesgo de desplazar de la zona a la población que no sea de la etnia mapuche, una práctica calificada como genocidio por declaraciones de Derechos Humanos.

Las declaraciones de Penchuleo constituyen una extorsión inaceptable a propietarios de tierras en la región. No hay institucionalidad que obligue a alguien a sentarse en una mesa de “diálogo” con la autoridad para discutir sobre la propiedad de sus propias tierras. La industria forestal, una de las principales exportadoras de Chile, de hecho, necesita los árboles para producir, no las tierras. Pero sucede que éstas en su gran mayoría solo tienen aptitud forestal, de modo que lo que se requiere es estado de derecho y paz social que permitan acuerdos e inversiones necesarios para producir.

No debe pasar inadvertido que, en este cuadro, una aprobación del texto constitucional que elabora la Convención puede provocar una verdadera nueva guerra de Arauco, ahora entre distintas naciones. Las familias que por varias generaciones habitan esas tierras, adquiridas legítimamente, querrán defender lo suyo. Las empresas forestales y los contratistas procurarán, por medios legítimos, defender sus fuentes de trabajo. Pero mientras esa Constitución no rija, no hay juridicidad en Chile que permita al director de la CONADI negociar mediante la extorsión, una práctica más propia de la “camorra” que de un estado democrático. El Presidente Boric no puede permitir una actuación mafiosa en su gobierno.

 

Columna del Presidente del Consejo de LyD, Luis Larraín, en La Tercera.-