Llama la atención que la propuesta de nueva Constitución despachada por el Pleno introduzca entre los objetivos del sistema tributario, la reducción de las desigualdades y de la pobreza (198, art 1).

Si bien es cierto que éste puede incidir en dichos propósitos, sólo puede hacerlo de manera indirecta y como consecuencia del logro de sus objetivos específicos. Éstos deben ser fomentar la eficiencia en la recaudación, crecimiento sostenible, avanzar en equidad tributaria y minimizar las distorsiones que se producen sobre las decisiones de las personas. Así, mientras mayor eficiencia en la recaudación, mayor será el espacio fiscal para financiar políticas sociales que favorezcan la reducción de la pobreza y avanzar en otros indicadores sociales. Y mientras menores las distorsiones sobre el comportamiento de las personas, menos se afectará el empleo y con ello la generación autónoma de ingresos, que es, al fin y al cabo, la única forma de alcanzar un mayor bienestar económico y social.