¿Fronteras libres en la nueva Constitución?

El viernes recién pasado, la Comisión de Principios Constitucionales aprobó en particular 3 normas sobre política migratoria y fronteras -2 derechos y 1 principio- tan poéticamente redactadas que puede llegar a costar apreciar sus implicancias. En efecto, ¿quién puede estar en contra del establecimiento de “los derechos”? Una oposición a estos resulta todavía más inoportuna si estos están revestidos de la invencible calificación de “derechos humanos”. Dos palabras que parecen tener un efecto hechizante en las sociedades actuales, incluida la chilena.

La primera norma consagra el derecho a migrar, el cual consiste en que “toda persona tiene derecho a migrar desde y hacia Chile” prohibiéndose la identificación de cualquier persona como ilegal por su condición migratoria. Se establece también el deber del Estado de “garantizar y promover los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana sobre la base de los principios de igualdad, universalidad, perspectiva de género, enfoque diferenciado, inclusión y unidad familiar”. Esta norma finaliza prohibiendo absolutamente las expulsiones colectivas de extranjeros, y que estos, cuando se enfrenten a una medida de expulsión, se les asegura un intérprete y asistencia consular de su país. Luego, se establece el derecho al asilo, de acuerdo con el cual, “toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo” en Chile. Finalmente, se consagra el Principio de No Devolución, según el cual, “ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras de territorios donde su vida o libertad pueden verse amenazadas”. Esta norma insiste en que “el Estado no podrá deportar, expulsar, extraditar, o devolver, sea directa o indirectamente a ninguna persona que sea solicitante de asilo o refugiada”.

Ahora bien, apartando la bella prosa de la redacción y atendiendo a lo jurídico, descubrimos una serie de factores que pueden llegar a ser más que inquietantes. En efecto, estas normas echan por tierra la política migratoria responsable que ha sido tan anhelada por quienes viven en Chile. Esta necesidad de una migración responsable y limitada ha sido un urgente clamor que atraviesa amplios grupos socioeconómicos y que retumba en gran parte de las regiones del país. Teniendo esto presente, es importante destacar que hay pocas necesidades que unan más a los habitantes de Chile que la migración regulada y responsable, lo cual exige un verdadero control de las fronteras por parte del Estado.

El lamento generalizado por la falta de una regulación migratoria efectiva, ha sido tan transversal entre muy diversos grupos sociales que resulta llamativa la propuesta de los convencionales en esta materia. En efecto, Chile vive una grave crisis migratoria desde hace varios años, donde las herramientas jurídicas para proteger las fronteras y ordenar la migración hacia el interior del país han llegado tarde a los hechos. Estas normas no sólo agravan el problema, sino que desde el punto de vista constitucional, hacen irrealizable cualquier solución.

Pese a lo anterior, los convencionales han decidido ofrecer al pleno un conjunto de normas constitucionales que invitan a la migración descontrolada. Por mucho que las normas aprobadas remitan a la ley regular un procedimiento para asegurar el derecho a la migración y el derecho al asilo, bastaría simplemente con llegar a la frontera y pedir asilo o “autopercibirse” como refugiado para ingresar al país. Así las cosas, no podrá expulsarse a esa persona, incluso si tiene antecedentes penales en el extranjero o, en un caso más extremo, si ingresó con drogas ilegales a nuestro país. Como mucho, al ingresar al país le requisarán las drogas y armas ilegales que pueda portar y se le dejará ingresar al país, ya que se habrá consagrado a nivel constitucional el derecho a migrar y la prohibición de devolución cuando se solicite asilo o refugio.

La pregunta para los convencionales que han aprobado esto es, ¿por qué intentan hacerle las cosas tan fáciles al crimen organizado latinoamericano? ¿Por qué abrirles más fácilmente las puertas de Chile?

Alguien podría objetar que no se trata de fronteras libres, como el título de la columna parece sugerir. Podrían aducir que es la ley la cual va a regular este derecho a migrar y que no basta con solicitar asilo al ingresar a Chile, pues se exige que haya un peligro para su vida para activar la no devolución. Es importante hacerse cargo de este punto, porque sería ingenuo caer en dicha objeción. En efecto, la propuesta de texto constitucional que la Comisión envía al Pleno señala que se activa el principio de no devolución cuando: 1) un extranjero solicita asilo o refugio; y 2) su vida o libertad pueda verse amenazada, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos. El comodín está en “su vida o libertad pueden verse amenazadas”, porque es un simple juicio de posibilidad, que es imposible de contrastar en forma objetiva por las autoridades chilenas. Bastará con que cualquier extranjero, sin importar sus antecedentes, señale, por ejemplo, que viene de un lugar donde no existe agua o escuelas o cualquier otro servicio básico, y así satisfacer la posibilidad de que su vida pueda verse amenazada por las condiciones del país del cual migra. ¿Está Chile en condiciones de recibir a los migrantes latinoamericanos que no encuentran un buen nivel de vida en sus propios países?

A mediados de febrero, el gobierno de Piñera se vio en la necesidad de decretar Estado de Excepción Constitucional en diversas provincias del norte del país, justamente por los continuos ingresos de inmigrantes indocumentados por pasos no habilitados a lo largo de las fronteras del país. Durante los primeros días del gobierno del Presidente Boric, éste ofició al Congreso Nacional para solicitar la renovación de dicho Estado de Excepción. Por otro lado, la inflación de marzo de 2022 fue 1,9%, lo cual equivale casi a la inflación acumulada de un año. El Banco Central proyecta un crecimiento del 1% para el 2022 y del 0,3% para 2023. Durante estos días, el Ministro de Hacienda señaló que, de aprobarse el quinto retiro, la inflación anualizada podría superar el 15%. Los datos duros anuncian que Chile se aleja cada vez más de ser el líder regional que alguna vez fue.

De aprobarse en el pleno las normas migratorias que la Comisión de Principios Constitucionales ha propuesto, sería una gran señal para la ciudadanía, de que existen 2/3 de los convencionales que se han emborrachado de las abstracciones del establishment universitario de izquierdas y que este paradigma está muy alejado de las necesidades de la mayoría de los ciudadanos comunes, que sin importar su origen o nacionalidad, necesitan paz, trabajo y seguridad.

 

Columna de René Tapia, Abogado del Programa Legislativo, publicada en El Líbero.-