Retiros, reformas y realidad

A principios de esta semana, la Cámara de Diputados, con una amplia mayoría parlamentaria, acogió tramitar proyectos de ley relacionados con un quinto retiro de fondos previsionales.

La postura del Gobierno entrante es contraria a este tipo de iniciativas, tal como lo han señalado diversas autoridades, incluyendo al Presidente Gabriel Boric. Uno creería que las razones de tal postura obedecen a los evidentes efectos económicos que tuvieron los tres retiros anteriores: alzas en las tasas de interés, mayor inflación y montos de pensiones presentes y futuras más bajas. Sin embargo, los dichos de la ministra del Trabajo en una entrevista radial “deben quedar fondos de pensiones para una eventual reforma de pensiones, y de eso tenemos que hacernos cargo” abren los escenarios posibles sobre las razones que tendría el Gobierno para rechazar futuros retiros desde las cuentas de ahorro individual para pensiones. ¿Será que esos recursos se necesitan para sustentar el diseño de la reforma?

Los tres retiros anteriores han movilizado cerca de $ 50.000 millones de dólares y un nuevo retiro podría profundizar los impactos financieros y económicos ya existentes, afectando a los hogares de menores recursos, así como también debilitar la inversión, la recuperación de la actividad y de los 450.000 empleos que aún no se han recuperado desde el 18-O. En efecto, de acuerdo a los datos del INE, la tasa de desempleo se ubica en 7,3% en el trimestre móvil terminado en enero 2022, lo que es menor en 5,8 puntos porcentuales al peak de desempleo registrado en julio de 2020, que fue de 13,1%. Respecto de esta misma fecha, la creación de empleo ha crecido un 23,2%. Además, los montos de las pensiones actuales y futuras se han visto disminuidos, como consecuencia de que no se han dispuesto medidas para reponer los montos retirados desde los fondos previsionales. Un nuevo retiro de recursos hará que los montos de pensiones futuras se vean afectados nuevamente, siendo las pensiones de las mujeres las más perjudicadas. De poco habrá servido la creación de una Pensión Garantizada Universal (PGU), que complementa el ahorro realizado durante la vida laboral activa.

Los fondos ahorrados por los más de 11.358.000 afiliados al sistema administrado por las AFP, se ubican por sobre los $ 170.000 millones de dólares, lo que equivale a más del 50% del PIB.

En tanto, la estrechez fiscal de corto plazo que enfrenta nuestra economía y el déficit fiscal que en 2022 se ubicaría en 1% según las últimas cifras oficiales del Gobierno (sin implementar el programa de gobierno de un gasto estimado de 8% del PIB ni los efectos en el gasto público que tendrá la nueva Constitución), vuelve a ponernos en alerta frente a una posible incorporación a un sistema de carácter colectivo que ponga en riesgo la propiedad de las cuentas individuales y el uso que se le puede dar a los fondos previsionales. Adicionalmente, en su presentación ante la Cámara de Diputados el pasado martes, Marcel apuntó al último trimestre del año como fecha para el ingreso de la reforma de pensiones ¿será que los planes del ministro sufrirán cambios frente al debate de un nuevo retiro de fondos?  

 

Columna de Ingrid Jones, Economista, publicada en La Tercera.-