¿Quién tiene la autoridad moral para definir para todos qué idea es buena y constructiva, o en cambio hace mal a la sociedad? ¿O para asegurar lo que es verdadero y desechar lo falso? En una sociedad democrática estas disyuntivas se deberían definir a través de un debate abierto y plural, en que las diversas posturas compitan entre sí, sin que un grupo pueda plantearse frente a otro como moralmente superior, lo que solo permitiría a sistemas autoritarios arraigarse en la sociedad.

Esto es precisamente lo que se teme con la redacción de una norma sobre libertad de expresión aprobada por la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional. Se establece el derecho de disponer de "información veraz", pero ¿cómo se establece el parámetro de veracidad? Se prohíbe la apología del odio que constituya incitación a la violencia, discriminación o a la hostilidad, sin necesitar que se den resultados concretos fruto de dichas declaraciones, sino solo su potencialidad, lo que puede ser tremendamente arbitrario. ¿Se podría imputar apología al odio de género si alguien acusa de maldad el derecho al aborto que se pretende consagrar en favor de las mujeres? Se prohíbe la negación o justificación de violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, dejándose en la autoridad la definición de una "verdad oficial" e impidiéndose la dialéctica de ideas en torno a hechos históricos.

Sí, se consagra la libertad de expresión y se prohíbe la censura previa, pero a continuación se borra con el codo lo que se escribe con la mano.

Carta de Trinidad Schleyer, Abogada del Programa Legislativo, publicada en La Tercera.-