En medio de la frustrada visita de la ministra del Interior Izkia Siches a La Araucanía, ella se refirió a “las demandas de presos políticos mapuche”. Es grave que tan alta autoridad de una democracia utilice esos términos porque, desde luego, en una democracia no hay presos políticos, a nadie se le encarcela por sus ideas o su militancia. En su auxilio acudió el ministro de la Presidencia, Giorgio Jackson, y sus expresiones fueron confusas. Dijo que ha existido y se ha repetido históricamente la prisión política hacia mapuches. Con ello agravia a otro poder del Estado, el Judicial, pues tendrían que haber sido los tribunales los que decretaron prisión política y las fiscalías las que persiguieron judicialmente a estos compatriotas. Un nivel de imprecisión y confusión que no se condice con la investidura de los ministros aludidos y la responsabilidad que tienen frente a la sociedad.

Ha tenido que ser una autoridad de menor rango, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien ha acudido en auxilio de los ministros para poner las cosas en su lugar. Dijo que en Chile no hay presos políticos y que quienes están detenidos lo están por delitos tipificados en el código penal y han sido juzgados y condenados por los tribunales competentes o están en prisión preventiva de acuerdo a la ley. Una clarificación indispensable; los ministros tienen que entender que ya no están en campaña, sino que detentan cargos que exigen seriedad en las declaraciones y actuaciones. No puede pedirse a los ciudadanos de a pie que cumplan la ley si las autoridades son equívocas en relación al acatamiento de la legalidad vigente.

La ministra Siches y el ministro Jackson pretenden, suponemos, reforzar un concepto político que está en juego hoy en el país debido a la labor de la Convención Constitucional. En el proyecto de Constitución que se elabora, las mayorías imperantes están proponiendo una sociedad estamental, en la cual los pueblos indígenas tendrán, por esa sola condición, ventajas de todo orden frente a quienes no integran esos grupos. El relato necesario para justificar esa discriminación supone acreditar un daño que lo justifique. Pero esa no es función de los ministros aludidos; ellos deben hablar con la verdad y atenerse a los hechos, como el subsecretario Monsalve.

Y los hechos dicen, de acuerdo a un informe del Observatorio Judicial, que de las causas ingresadas entre 2018 y 2020 por delitos de violencia en la Macrozona Sur solamente un 3% concluyó en una sentencia condenatoria. Apenas un 26,7% de ellas cuenta con un imputado conocido y un porcentaje superior al 40% no se sigue tramitando, ya sea porque han sido archivadas provisionalmente o se ha tomado la decisión de no perseverar. Lo que hay entonces, más que presos políticos mapuche, es impunidad frente a la violencia en la Macrozona Sur.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en La Tercera.-