Convención: ¿cómo salimos de ésta?

La Convención vive momentos cruciales. Es tal la insensatez de algunas propuestas y la falta de un liderazgo positivo al interior de ella que se han activado las alarmas. Muchos, pese a su declarado izquierdismo, empiezan a pensar en la alternativa de rechazar el proyecto.

La Constitución de 1980, la de Pinochet que lleva la firma de Lagos (anda a explicar eso), es acusada de un origen ilegítimo: fue impuesta por la fuerza en un régimen no democrático. La verdad, aunque la mayoría se hagan los lesos o lo relativicen, es que la que está elaborando la Convención tiene un origen similar: fue impuesta por la violencia desatada el 18 de octubre de 2019. Luego, el 12 de noviembre, todos los partidos de oposición declararon que el poder constituyente ya no era el Congreso sino la fuerza de la calle; y el 15 de noviembre se firmó un acuerdo entre casi todos los partidos representados en el Parlamento para dar curso a la Convención. El gobierno de Piñera aceptó, sino alentó, esta salida y el Congreso también renunció a sus fueros en favor de la Convención.

Aunque varios condenaron la violencia, la verdad es que la mayoría la aceptó al apoyar este proceso y se olvidó de la ilegitimidad de origen. Lo hicieron en el gobierno y también en la izquierda, con excepciones notables como Sergio Muñoz Riveros.

Pero ahora, cuando la Convención amenaza con presentar un mamarracho o un imbunche, que en lugar de avanzar a una sociedad más democrática incursiona hacia un país más autoritario, corporativo, en una parcelación del país con nichos de favoritismo (Joaquín Fermandois); o que no considera legítimas las opiniones ajenas y tampoco a quienes las sostienen (Lucía Santa Cruz), hay quienes quieren bajarse de este carro. Cristián Warnken y Óscar Guillermo Garretón podrían sumarse al rechazo si esto persiste.

La mayoría de la Convención no cree en la democracia representativa, es hora de reconocerlo; muchos tampoco en la separación de poderes: quieren subyugar al poder judicial eliminando sus fueros y limitando sus períodos, y eliminar el Senado o degradarlo a un rol decorativo. Rechazan discutir siquiera las iniciativas populares de amplio respaldo que no representan sus ideas y hasta pretenden hacer una parodia de consulta indígena, pese a toda su retórica.

La Convención vive momentos cruciales. Es tal la insensatez de algunas propuestas y la falta de un liderazgo positivo al interior de ella que se han activado las alarmas. Muchos, pese a su declarado izquierdismo, empiezan a pensar en la alternativa de rechazar el proyecto.

La Constitución de 1980, la de Pinochet que lleva la firma de Lagos (anda a explicar eso), es acusada de un origen ilegítimo: fue impuesta por la fuerza en un régimen no democrático. La verdad, aunque la mayoría se hagan los lesos o lo relativicen, es que la que está elaborando la Convención tiene un origen similar: fue impuesta por la violencia desatada el 18 de octubre de 2019. Luego, el 12 de noviembre, todos los partidos de oposición declararon que el poder constituyente ya no era el Congreso sino la fuerza de la calle; y el 15 de noviembre se firmó un acuerdo entre casi todos los partidos representados en el Parlamento para dar curso a la Convención. El gobierno de Piñera aceptó, sino alentó, esta salida y el Congreso también renunció a sus fueros en favor de la Convención.

Aunque varios condenaron la violencia, la verdad es que la mayoría la aceptó al apoyar este proceso y se olvidó de la ilegitimidad de origen. Lo hicieron en el gobierno y también en la izquierda, con excepciones notables como Sergio Muñoz Riveros.

Pero ahora, cuando la Convención amenaza con presentar un mamarracho o un imbunche, que en lugar de avanzar a una sociedad más democrática incursiona hacia un país más autoritario, corporativo, en una parcelación del país con nichos de favoritismo (Joaquín Fermandois); o que no considera legítimas las opiniones ajenas y tampoco a quienes las sostienen (Lucía Santa Cruz), hay quienes quieren bajarse de este carro. Cristián Warnken y Óscar Guillermo Garretón podrían sumarse al rechazo si esto persiste.

La mayoría de la Convención no cree en la democracia representativa, es hora de reconocerlo; muchos tampoco en la separación de poderes: quieren subyugar al poder judicial eliminando sus fueros y limitando sus períodos, y eliminar el Senado o degradarlo a un rol decorativo. Rechazan discutir siquiera las iniciativas populares de amplio respaldo que no representan sus ideas y hasta pretenden hacer una parodia de consulta indígena, pese a toda su retórica.

En lo económico, quieren borrar la presencia privada en la gran minería, desconocer tratados internacionales y aislarse del mundo; pretenden intervenir en el uso del agua con medidas que agravarían su escasez y conceder derechos a la naturaleza que amenazan el suministro alimentario; desecharon también la iniciativa popular de las Pymes para la libertad de emprender.

Hay mentes preclaras que se han dado cuenta que no pueden ser cómplices de este funeral de Chile y lo están diciendo. Si aquí no hay un golpe de timón, el rechazo es la única opción.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en La Tercera.-