LA MITAD RESTANTE

La semana pasada se cumplieron seis meses desde que se instaló y comenzó a funcionar la Convención Constitucional, hito que estuvo marcado por la trabada elección de la nueva mesa directiva. Un procedimiento reglamentario que se esperaba no generaría mayores inconvenientes, tomó prácticamente dos días en zanjarse y demostró la fragmentación que hay al interior del órgano redactor de la nueva Constitución. Y es que, lamentablemente, lo ocurrido tampoco resulta una sorpresa considerando estos primeros seis meses de funcionamiento, además de que muchas de las aspiraciones o metas que se ha impuesto la Convención -varias de ellas contenidas en diversas normas reglamentarias- han sufrido retraso, se han tornado inviables en la práctica o implican reformas constitucionales que necesariamente deben ser aprobadas por el Congreso Nacional.

Para ilustrar lo último, cabe recordar el retraso de un mes en la implementación de la plataforma digital necesaria para habilitar los mecanismos de participación popular, entre ellos, el de iniciativas populares de norma. Así también, al día de hoy no hay suficiente claridad sobre los plazos y procesos para que una iniciativa popular califique de pertinente y pueda estar disponible para ser apoyada, lo que puede transformarse en un problema para sus impulsores considerando que el plazo para apoyar y firmar iniciativas vence el 1° de febrero. Tampoco se ha definido un cronograma respecto a la consulta indígena, lo que genera incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo ese proceso y si tendrá o no incidencia en los informes de las comisiones temáticas. Adicionalmente, y prueba de que la Convención se ha visto superada por la realidad, son los ajustes que tuvo que realizar recientemente a su cronograma general de trabajo, reduciendo sus semanas territoriales para priorizar el debate de normas y aplazando el inicio del primer Pleno Deliberativo sobre los informes que elaboren las comisiones temáticas.

Todas estas cuestiones levantan fundadas inquietudes respecto a cómo se desarrollará el trabajo de la Convención en los próximos seis meses faltantes e incluso ha llevado a algunos a cuestionarse si el plazo que resta será suficiente para que el órgano constituyente pueda cumplir adecuadamente con su cometido. Sin embargo, es importante que dicha tarea se lleve a cabo dentro del plazo establecido y conocido por todos, pues de extenderse este último, nada impediría que se pueda dilatar en lo sucesivo el proceso constitucional, lo que conlleva necesariamente riesgos para la seguridad jurídica, además de configurar un precedente que podría replicarse también en otras instituciones democráticamente elegidas.

Sin duda la discusión y redacción de las futuras normas constitucionales que comienza en los próximos días viene a ser esencial y exigirá por parte de los convencionales deliberación, rigurosidad, responsabilidad y capacidad de llegar a acuerdos dentro de plazo.  Para ello, el rol que juegue la nueva mesa directiva puede ser significativo en esta mitad restante.

Columna de Pilar Hazbun, Coordinadora Programa Legislativo, publicada en La Tercera.-