Estado regional: ¿la solución?

Durante las últimas semanas las comisiones temáticas de la Convención han empezado a deliberar sobre propuestas de contenido para la nueva Carta Fundamental. En este contexto, los convencionales de la Comisión de Forma de Estado y Descentralización presentaron sus primeras iniciativas de norma, revelándose la intención de un grupo mayoritario de dicha comisión (16 de 25) de establecer que Chile es un Estado regional.

En la práctica, la principal diferencia entre las formas de Estado regional y unitario -como el que consagra nuestra Constitución desde hace ya casi dos siglos-, radica en la autonomía legislativa de que están dotadas las regiones. En este sentido, dicho grupo propone el establecimiento de “Asambleas Legislativas Regionales”. Si bien aún no conocemos con claridad el alcance de las atribuciones de dichos órganos, de inmediato surgen algunas preguntas.

Por ejemplo, ¿cuál es la justificación que habría detrás de su creación? Porque uno entiende que existan parlamentos regionales en países con poblaciones muy numerosas, amplias extensiones territoriales, gran diversidad cultural o lingüística, o bien, con pasados marcados por la dispersión del poder. Tal es el caso de Estados federales como EE.UU., o regionales como Italia o España. Sin embargo, pareciera ser evidente que nuestro país no cumple con dichas características, o al menos no en la medida en que lo hacen esos países.

En esta línea, si bien existe un consenso transversal en torno al excesivo y agobiante centralismo que padecemos, la principal deuda pendiente pareciera estar más bien asociada al plano fiscal que al plano normativo o legislativo. Sin embargo, la propuesta en cuestión no pareciese ir en esa dirección, sino que, por el contrario, amenaza con aumentar desproporcionadamente la burocracia estatal -con sus correlativos costos fiscales-, sin asegurar beneficios o mejorías en la calidad de vida de quienes viven en las regiones.

¿O acaso creemos que replicar órganos como el Congreso, cuya evaluación ciudadana está incluso por debajo de la del Gobierno (CEP, 2021), en las 16 regiones -y quién sabe si se crearán otras- es la panacea para las demandas que han aquejado históricamente a nuestras regiones y quienes las habitan? Uno tiende a creer que no, y que dichas demandas van orientadas hacia otorgarles mayores recursos y competencias, de modo que todas las regiones puedan proveer oportunidades equitativas de desarrollo para los chilenos.

En este sentido, se echa de menos en esta propuesta una visión que, inspirada en el principio de subsidiariedad o priorización territorial, ponga el foco en las personas y la unidad de gobierno más cercana a -y valorada por- ellas: los municipios. Solo empoderando y fortaleciendo a los gobiernos locales lograremos una auténtica descentralización territorial, evitando que las capitales regionales terminen acaparando todos los recursos y oportunidades (fenómeno conocido como subcentralismo).

En definitiva, cuesta entender que se pretenda importar modelos foráneos -y completamente ajenos a nuestra cultura y tradición histórica, política y constitucional-, sin ninguna evidencia de que su implementación sea necesaria para lograr un país más descentralizado. Lo anterior, sin siquiera considerar que la existencia de parlamentos -y leyes- regionales abrirían indudablemente la puerta a una dispersión normativa a la que nuestro ordenamiento jurídico no está acostumbrado, con inminentes conflictos de competencia entre los distintos órganos legislativos y políticos. Por lo tanto, es de esperar que, durante el transcurso del debate, la Convención someta esta propuesta a un test de necesidad y oportunidad.

Columna de Pedro Varela, Abogado del Programa Legislativo, publicada en Voces de La Tercera.-