Varias son las propuestas de distintos grupos de convencionales sobre sistema político y funcionamiento del Congreso. Tres de esas propuestas (la de un grupo de convencionales de la UDI, Republicanos y Harry Jürgensen; la del Colectivo Socialista y la de algunos convencionales de RN y Evópoli) mantienen, con cambios, el presidencialismo.

En cambio, la propuesta del Apruebo, denominada “Presidencialismo de Colaboración” y la del Frente Amplio (FA) que se presenta “en el contexto de un sistema presidencial, (en que) el Presidente fije un programa de gobierno (…) que sea aprobado por una coalición mayoritaria”, de presidencialismo tienen muy poco. Y es que, aunque la mona se vista de presidencialismo de colaboración o coalición, mona queda. En efecto, ambas propuestas toman varios elementos del parlamentarismo y semi-presidencialismo, tantos que a ratos cuesta ver el presidencialismo. Ambas crean al “Ministro de Gobierno” quién en verdad gobernará si prosperan (la del FA, por lo que sería un error de referencia o redacción, en algunos pasajes lo llama Primer Ministro, lo que resulta revelador).

En la propuesta del Apruebo, similar a la del FA en este punto, el Presidente de la República es una figura más o menos simbólica que en los hechos no gobierna, más allá de su relevante rol en la política exterior y en la seguridad de la Nación. El FA, en su afán de perseverar con la nomenclatura presidencialista (¿o de confundir para reinar?) nos dice que se “mantiene la elección directa del Presidente de la República, como Jefe de Estado” (que lo es, pero no gobierna) y “que en esto no hay innovación alguna” ¿No la hay? Si vamos al detalle de las facultades del Presidente (que elegiríamos) y las del Ministro de Gobierno (que no elegiríamos), advertiremos muy pronto que hay sustantivas innovaciones. Las facultades que comúnmente asociamos con el Presidente de la República las encarnará el Ministro de Gobierno. Es este Ministro quien en los hechos ejecutará el programa de gobierno; tendrá la iniciativa exclusiva de las materias de ley que hoy corresponden al Presidente; presentará las urgencias legislativas; declarará el Estado de Emergencia y Catástrofe, ejercerá la potestad reglamentaria, etc. Dicho Ministro es nombrado por el Presidente, pero debe ser ratificado por la Cámara de Diputados (propuesta del Apruebo) o por el Congreso Plurinacional Unicameral, en la propuesta del FA y su remoción también es determinada por el Parlamento. En la del FA, es nombrado de entre los miembros del Congreso Plurinacional Unicameral.

Difícil será tener una discusión intelectualmente desprovista de enredos si se insiste en caracterizar un régimen como lo que no es. Esos regímenes -así como el presidencialismo- también tienen problemas. En los regímenes semi-presidenciales y parlamentarios también se dan los gobiernos de minoría -67% y 49% de los casos, respectivamente- y en un contexto de multipartidismo y polarización, pueden no solo no ser la solución al problema, sino que agravarlo (cabe mencionar que la propuesta del Apruebo contiene algunas propuestas interesantes de cara a la fragmentación de las fuerzas en el Congreso).

Más allá de lo anterior, preocupa que en todas ellas -salvo por la del grupo de convencionales de la UDI, Republicanos y Jurgensen- con mayor o menor intensidad, se debilita mucho al Senado (o Cámara Territorial como lo llama una propuesta). Para que decir la del FA y el PC en que simplemente se lo esfuma de la institucionalidad. Todo lo anterior en un contexto en que la evidencia muestra una tendencia al alza del bicameralismo (Toro) y que la combinación de éste (simétrico, y no asimétrico como proponen la mayoría de las iniciativas) con el régimen presidencial es armoniosa y revela un buen, eficiente y de mejor calidad desempeño legislativo y en la forma de hacer política (Toro y Alemán). La crítica del estancamiento de la agenda legislativa, que en Chile algunos adjudican al Senado, no se sostiene en la evidencia.

En un contexto de inquietante tendencia en la Convención por debilitar los controles, pesos y contrapesos al poder -para que éste no se concentre y de pie a abusos- como ocurre con el terreno hostil que enfrentan el Tribunal Constitucional y Banco Central, debilitar (o esfumar) al Senado es una mala idea. Menguar fuertemente su rol legislador, al mismo tiempo que se morigeran bastante las facultades del Presidente en el proceso legislativo, puede resultar en una dudosa combinación -que nace de un diagnóstico en parte errado de hiperpresidencialismo- en que la Cámara de Diputados o Congreso Unicameral se erija como extremadamente poderosa, en perjuicio de los representados.

Columna de Natalia González, Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, publicada en El Mercurio.-