DELIBERACIÓN VIRTUAL EN LA CONVENCIÓN: POR QUÉ LA LÓGICA ECONOMICISTA NO ES FUNCIONAL AL DEBATE CONSTITUYENTE

Esta semana, a partir del 6 de diciembre de 2021, debía iniciarse el proceso de deliberación de los pueblos indígenas, en el marco del proceso de participación y consulta indígena previsto en los reglamentos de la Convención Constitucional. Sin embargo, esto está lejos de ocurrir, por causas únicamente atribuibles a la Convención, especialmente a las comisiones cuyo objeto ha sido la constitucionalización de la temática indígena. En efecto, la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, fue incapaz de realizar una mínima deliberación que le permitiera a sus integrantes ponerse de acuerdo (17 escaños reservados, 1 RD, 1 PC, 3 LDP, 1  IDT y 2 VCh) sobre aquello que era más relevante para efectos de cumplir los plazos para implementar el proceso de consulta y participación indígena fijado en su propio reglamento, proceso que una y otra vez ha sido pregonado como uno de sus compromisos más importantes con los pueblos indígenas.

¿Cómo se llegó a esta situación? Se pueden buscar algunas de sus causas en el proceso de deliberación a través del cual la Convención se ha dado a sí misma el marco regulatorio para la deliberación pública. Analizando este marco, puede ir evaluándose si la regulación es la más idónea para las instancias que al interior de la Convención se han ido generando. Lamentablemente, la primera gran ocasión en que la Convención pudo hacer gala de una edificante deliberación pública, fue desperdiciada. Me refiero a la votación en particular de los reglamentos de la Convención Constitucional. Como es de público conocimiento, la Mesa Directiva, en atención a la cantidad ingente de indicaciones presentadas en cada reglamento, decidió “limitar” el debate: solo un convencional podía realizar una suerte de presentación de la indicación, por un minuto máximo, y luego se procedía a votar la norma. Esta decisión de la Mesa generó airadas críticas, tanto en la opinión pública, como en los propios convencionales, ya que no se trataría de una limitación del debate, sino derechamente de una prohibición de la discusión. Estas críticas llegaron incluso a la presentación de una serie de recursos de protección ante distintas Cortes de Apelaciones, cuya admisibilidad ha sido acogida a trámite y que se mantiene como litigio pendiente hasta la fecha.

A pesar de todo, con la aprobación del reglamento de participación y consulta indígena, se creó la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad la cual tuvo su primera sesión el 2 de noviembre de 2021, fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo de 15 días para aprobar el Documento Base que será objeto de la consulta. Esto resulta llamativo, pues no se les consulta el texto de propuesta de Nueva Constitución o normas constitucionales discutidas o aprobadas por el Pleno. El Documento Base es un texto redactado en el seno de dicha Comisión, por sí y ante sí, y es el paso clave para echar a andar el proceso de participación y consulta indígena. Pese a su importancia, la Comisión fue incapaz de aprobar el Documento Base dentro del plazo. Luego, el 6 de diciembre, se admite a trámite una indicación sustitutiva global sobre el Documento Base aprobado en general, frente a lo cual el convencional Cretton sostiene la necesidad de que el Pleno reforme el reglamento de la Comisión en orden a otorgar más plazo, pues existiría una imposibilidad de continuar al margen del reglamento. Elisa Loncón menciona que la Mesa tiene facultades para actualizar los plazos y Amaya Álvez indica que existen distintos tipos de plazo y que el incumplimiento de este no precluye el derecho para aprobar el Documento Base.

Todo lo anterior pudo haber tenido un mejor presente si se hubiesen fomentado reales espacios de deliberación al interior de la Convención. Es cuestionable adosar la etiqueta “deliberación” a la forma en que se aprobaron las indicaciones del reglamento general. La orden de la Mesa evoca una lógica economicista, donde lo único importante es la celeridad del proceso, al menor costo posible, para estampar en la corporación el sello de la eficiencia industrial. Esta lógica instalada en el seno de la Mesa, va en directo perjuicio de una real y verdadera deliberación pública, donde los representantes electos postulan puntos de vistas específicos que mejoren la redacción de una propuesta legislativa. En efecto, para que exista verdadera deliberación pública, no basta con realizar enunciados políticos y genéricos, sino que estos requieren necesariamente una bajada jurídica y técnica. Para obtener este resultado, es importante atender, por un lado, a la capacidad misma que tengan los representantes de tomar decisiones prudentes, y por otro, al marco público en que los mismos pueden ejercer sus facultades de representación. El primer aspecto depende de los electores en el día de la elección. El segundo, se juega en el marco reglamentario y jurídico que una sociedad otorga a los representantes para que puedan deliberar. En este proceso de sustitución total de la Constitución, donde se generaron representantes a través de normas electorales sui generis, se abrazó como elemento indispensable que éstos fueran quienes se dieran su propio marco regulatorio para la deliberación pública. Lamentablemente, a este marco regulatorio no se destinaron todos los meses que se pueden contar entre la instalación de la Convención y el inicio de deliberación de normas constitucionales. La Convención, durante el período de confección de reglamentos, destinó una parte importante de su tiempo a audiencias públicas -práctica que han mantenido sus comisiones permanentes-, en las que se escuchan las preocupaciones y propuestas de distintos actores de cara a un eventual nuevo ordenamiento jurídico. Las audiencias públicas son una virtud, en principio, pero dejan de serlo cuando se afecta la capacidad de los representantes para que sus productos sean fruto de una verdadera deliberación pública, en la que, ha vista de todos las intervenciones de los representantes mejoren las propuestas iniciales. A la fecha, las cuestiones más peliagudas han sido relegadas a asesores, incluso a organismos externos, para que ellos redacten, discutan y luego informen a los convencionales, quiénes han tendido a ratificar como regulación pública, aquello que no han tenido oportunidad de deliberar en el foro público, donde los ciudadanos puedan verlos sesionar. Al contrario, en variadas oportunidades, cuando surge alguna dificultad se ha visto como se pausa la transmisión, se suspende la sesión y al volver los convencionales ya han llegado a un acuerdo, impidiendo a los ciudadanos conocer cómo se gestan los acuerdos.

Cómo se desarrollan (o no) los debates en la Convención, debiera prender la luz de máxima alerta en la ciudadanía que está llamada a ratificar el trabajo de este órgano en el Plebiscito de Salida. Las lamentables muestras de Deliberación Virtual que la Convención ha realizado, siembran un manto de dudas sobre la calidad técnica de la propuesta de Nueva Constitución, y por la naturaleza misma del proyecto, los defectos técnicos inciden directamente en los aciertos y aberraciones políticas que la nueva institucionalidad pueda tener: un pequeño error en los principios, deviene en grandes calamidades en los resultados. La deliberación que la Convención Constitucional ha realizado, no es virtual por la conexión remota de los convencionales a las sesiones, sino porque es una deliberación que tiene una existencia aparente, no es efectiva ni real.

De ahí que la judicializada lógica economicista de la Mesa, de despachar en tiempo récord un sin número de indicaciones, sea un buen ejemplo de maquinaria industrial, pero no de deliberación pública.

 

Columna de René Tapia,  Abogado del Programa Legislativo, publicada en El Líbero.-