Banco Central

La Comisión sobre Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional acercó posiciones en torno a diversas temáticas que debe regular. En esta línea, entre otros temas, se planteó, mayoritariamente, mantener el rango constitucional del Banco Central y su autonomía. Sin embargo, varios miembros de la Comisión plantearon la necesidad de incorporar la acusación constitucional en contra de sus consejeros como mecanismo de fiscalización y de responsabilidad.

Un factor clave para la autonomía de los bancos centrales es el que los consejeros no puedan ser destituidos de manera discrecional de sus cargos, sino solo por causales específicas y objetivas, bajo procedimientos regulados en sus respectivos textos legales. En ese sentido, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central considera mecanismos de remoción de los consejeros que se fundan en causales objetivas, lo cual está en perfecta armonía con su carácter autónomo y su responsabilidad, tanto la derivada de faltas a la probidad como aquella que sea consecuencia de la adopción de acuerdos que impliquen infringir de manera grave y notoria el mandato legal del Banco. Estos procedimientos establecen un claro y objetivo contrapeso para el Banco Central al considerar para ello la intervención del Poder Judicial, del Presidente de la República y del Senado, según el caso. Adicionalmente, la experiencia internacional nos muestra que solo México considera la acusación constitucional, no siendo, por tanto, una herramienta ampliamente consagrada.

 

Carta de Esteban Ávila, Abogado del Programa Legislativo, publicada en La Tercera.-