LAS TRABAS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA CONVENCIÓN

La generación de espacios para que la sociedad civil pueda participar activamente en el proceso constituyente es y ha sido uno de las grandes promesas de la Convención Constitucional. Por ello, se aprobó la incorporación de variados mecanismos de participación popular. Sin embargo, a más de un mes de la aprobación de los reglamentos y ya iniciado el debate de fondo, llama la atención que la Convención todavía no cuente con las herramientas y la institucionalidad que ella misma sugirió para poner estos mecanismos en marcha, lo que ha evidenciado ciertas problemáticas, algunas de las cuales se han tenido que ir resolviendo en la práctica, incluso contra reglamento.

Uno de los mecanismos de participación más relevantes es la “iniciativa popular de norma”, mediante el cual una persona o grupo de personas puede presentar una propuesta de norma constitucional. Según el cronograma general aprobado, ya se encuentra corriendo el plazo de sesenta días para poder presentar estas iniciativas. El problema, es que aún no está creado el Registro Público de Participación ni conformada la Secretaría Técnica de Participación Popular, que son condiciones necesarias para el ingreso y tramitación de éstas. Así, comenzó a correr un plazo existiendo imposibilidad de llevar a cabo este mecanismo, cuestión que algunos convencionales han solicitado a la Mesa Directiva aclarar. Además, hay que tener presente que para que dichas iniciativas puedan formar parte de la discusión y ser equivalentes a las presentadas por convencionales, deben ser pertinentes al debate constitucional y reunir al menos 15.000 firmas, de cuatro regiones distintas.

Por otra parte, un mecanismo que se puso en marcha, pese a no estar las condiciones exigidas en el reglamento, es el de las audiencias públicas. Las diferentes comisiones temáticas tuvieron que crear sus propios formularios de inscripción, utilizando diversos plazos y criterios, lo que hace más confuso el proceso de participación. Es importante advertir que la inscripción no asegura ser oído por la comisión respectiva, pues cada comisión podrá aplicar determinados criterios de selección. A modo de ejemplo, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico recibió 1700 solicitudes de audiencia y pretende escuchar sólo a 280. Resulta fundamental entonces que los criterios de selección que se utilicen sean públicos, transparentes y permitan recibir opiniones diversas.

Por último, y más allá de las problemáticas referidas -que reflejan la poca aplicación práctica de algunas normas reglamentarias-, en relación a las exposiciones de expertos y a las audiencias públicas realizadas a la fecha, preocupa la poca deferencia y tolerancia por parte de algunos convencionales hacia quienes plantean una visión distinta. De hecho, en ocasiones se ha visto que, más que discrepar de una propuesta concreta o formular preguntas al expositor, algunos critican o descalifican a la persona u organización de la cual emana la misma. Lo anterior sólo genera desilusión en el proceso de participación y pone en duda si es real la importancia que se le atribuye.

Columna de Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo, publicada en La Tercera.-