LA ECONOMÍA MÁS ALLÁ DEL COVID-19

Las personas y organizaciones necesitan tener proyecciones sobre la evolución de la economía, que les permitan realizar previsiones para organizar sus actividades futuras. Pero ni aún los mejores expertos pueden generar en forma constante y consistente una mirada precisa de lo que está por venir. 

Si existe una institución que cuenta con los mejores economistas, matemáticos y otros profesionales para este propósito, probablemente sea la Federal Reserve, que tiene un acceso privilegiado a información relevante. Sus dos objetivos principales son la inflación y el desempleo, por lo que deben hacer sus mejores esfuerzos para visualizar qué esperan en esas materias. Tan relevantes son sus decisiones para el mercado financiero mundial, que tampoco podemos suponer que aquello que publican no sea realmente lo que estiman. A poco andar perderían toda credibilidad.

En materia de inflación, el índice preferido por la FED no es el CPI, IPC de EE.UU., sino el llamado PCE. En diciembre pasado proyectaba un valor de 1,8% para el presente año. En marzo lo corrigió a 2,4%. En junio estimó un 3,4% y en el informe reciente de septiembre 4,2%. Hoy acumula una cifra en doce meses cercana al 4,0%.

¿Significa ello que debemos dejar de hacer el esfuerzo de realizar proyecciones cuantitativas? ¿O que no las debemos tomar en cuenta? Obviamente que no. Lo que debemos hacer es considerar que los pronósticos son solo una referencia y estar preparados por si se concretan otros escenarios. Más aún, lo que adquiere especial importancia, es apreciar los aspectos cualitativos que pueden determinar que camino seguirá la economía.

En los últimos dos años la evolución del COVID-19 ha definido el ritmo económico. La reacción de los gobiernos y las medidas adoptadas precipitaron una recesión mundial abrupta y sincronizada durante el 2020. El producto global retrocedió 3,2%. El fuerte rebote del crecimiento, que se generó a partir del segundo semestre del año pasado, ha tenido altos y bajos según se presentan los ciclos de infecciones y las restricciones a la movilidad impuestas por la autoridad. Es imposible pronosticar cómo seguirán reaccionando los gobiernos en materia sanitaria y cuáles serán las consecuencias de los confinamientos y de las expansivas políticas fiscales y monetarias aplicadas.

Si bien no puede esperarse que todos los países respondan al mismo ritmo, es razonable suponer que se transitará a convivir con el virus, como si fuera una enfermedad endémica más. Existen muchas razones para pensar que, dada sus características distintas, no podrá ser erradicado, como fue la viruela. Afortunadamente, se han desarrollado vacunas, se ha dado a la población la opción de vacunarse y existen nuevos tratamientos, algunos recién conocidos. Además, los establecimientos de salud ya saben a qué se enfrentan. Suecia siempre tuvo esta visión y otros países ya la siguen. El 10 de septiembre Dinamarca eliminó todas las restricciones, con el 74% de la población inmunizada. Noruega lo replicó el 25 del mismo mes, con un 67% de vacunados. En una u otra forma, debemos suponer que dentro del mediano plazo el mundo entero seguirá ese camino, y el COVID-19 será uno más de los múltiples problemas con que la sociedad debe lidiar.

Considerando lo anterior, parece razonable suponer que la recuperación mundial seguirá su camino con los altos y bajos propios de cada realidad. El mundo se recuperará algo menos este año que lo pensado hace unos meses, pero igual será un desarrollo destacable, cercano al 6,3%. EE.UU. proseguirá su recuperación, a ritmos menos elevados que los trimestres anteriores. Europa, más tardía, verá sus mejores desempeños estos trimestres. China, la primera en recuperarse, debido a una combinación de la evolución del virus y cambios en la estrategia económica, probablemente estuvo estancada el pasado trimestre y volverá a un desarrollo más moderado que el histórico en el mediano plazo. Esto último explica el desempeño reciente del cobre y otras materias primas.

También se empiezan a experimentar los efectos de las medidas tomadas para moderar las consecuencias del Covid-19 en la población. La inflación a nivel mundial sorprendió por su magnitud y su aparente persistencia. Esta se origina por una mezcla de impulsos fiscales y monetarios, además de los problemas de producción ocasionados por las restricciones. Lentamente, el discurso y actitud de las autoridades está cambiando y es mejor que así sea para evitar que la inflación adquiera un dinamismo propio.

Se superponen al cuadro anterior las primeras consecuencias del intento voluntarioso de los gobiernos por cambiar aceleradamente la matriz energética mundial. Hacerlo tiene costos que no parecen ser aceptados por la población, a pesar de que en teoría el objetivo sea loable. Los Chalecos Amarillos que hicieron la vida difícil al Presidente Macron cuando pretendió subir los impuestos a los combustibles son un buen ejemplo de ello. Para evitar enfrentar a la población, los gobiernos han intentado forzar el cambio con medidas de regulación y control a la producción. Desgraciadamente el resultado que ya se observa es escasez e interrupciones en el aparato productivo. Finalmente, la población igual sufre alzas de precios y disminuye su calidad de vida.

Aprender a convivir con el COVID-19 nos permite visualizar que la recuperación mundial proseguirá más allá del presente año. El crecimiento mundial para el 2022 es probable que sea entre 4% a 5%. Pero la tendencia de largo plazo depende de cuán realistas y efectivas sean las sociedades para superar los problemas que ellas mismas cooperan en crear. La dinámica política, especialmente en EE.UU., no permite ser muy optimista. Como siempre, la esperanza es que los cambios tecnológicos se concreten en aumentos de productividad. El nivel, antes impensado, de comunicación a través de geografías y culturas lo pueden hacer posible.

Chile no es la excepción a esta tendencia. El último IMACEC de 19,1% ratifica que la recuperación en el corto plazo es una realidad. No es casualidad que este haya sido precedido por la moderación de las restricciones. La inflación de septiembre alcanzó a 5,3% en doce meses, superando todas las expectativas y el Banco Central proyecta para el año un 5,7% en su último IPoM. Ello tampoco es muy distinto a lo que observamos en otras latitudes.

Desgraciadamente, el país se destaca negativamente por el grado de desconcierto que reina respecto de sus instituciones. La pandemia permitió que la incierta situación del 2019, provocada por los actos de violencia organizada, se potencie y llegue a niveles tales, que impiden tener claridad y certeza sobre el futuro.

Las sociedades modernas son esencialmente diversas lo que hace aún más necesario que las instituciones que forman el gobierno tengan claras limitaciones en sus atribuciones. El Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial sólo pueden actuar dentro de los límites establecidos.

Sin embargo, últimamente ignorar dichos frenos, que ya se insinuaban en forma incipiente, se ha transformado en el método habitual. Se legisla a sabiendas que no se dispone de la iniciativa correspondiente o buscando alterar los quórums que obligan a acuerdos mínimos entre distintos órganos del gobierno.

Quizás el ejemplo más destacado, pero lejos de ser el único, sea cómo han avanzado quienes desean estatizar las pensiones y el mercado de capitales.

Los fondos de las AFP y de las Compañías de Seguros son su objetivo. Lo han dicho expresamente y si se aprueba el cuarto retiro hoy en trámite, serían más de 5 millones las personas que no tendrían saldo en sus cuentas. Una futura expropiación les debe parecer más factible. Por lo demás no es novedoso. Argentina lo hizo en el 2008 cuando el gobierno necesitó hacer caja, en un momento en el que los ingresos retrocedían al mismo ritmo que la caída del precio de la soja y el petróleo. Pero cuando se destruye riqueza nada es suficiente. Dado que lo que se logra captar, con la inflación no alcanza, un diputado de ese país propuso recientemente expropiar abiertamente los depósitos bancarios.

Parece impensable que, aunque sea una voz aislada, ello se proponga en Chile. Pero hoy son realidad muchas cosas inconcebibles hace poco tiempo atrás. Una Convención elegida con el mandato expreso de dialogar y llegar a acuerdos mayoritarios para proponer una Constitución a refrendar por la ciudadanía, ha decidido por la mayoría de sus miembros que es soberana y no tiene límites. Los plebiscitos que aprueban o rechazan lo propuesto por el legislador, o aquellos que se originan en la ciudadanía son compatibles con el sistema democrático. Pero cuando un órgano de gobierno los utiliza para intentar exceder su mandato o evitar acuerdos con las minorías, lo destruyen. Ese fue el instrumento utilizado en el siglo pasado por los totalitarismos y fascismos.

Desde la antigüedad destacados pensadores han advertido sobre la amenaza de la tiranía política de la mayoría. Por ello en la democracia liberal representativa, que nos ha acompañado desde los orígenes de nuestra República, las constituciones han consagrado el principio fundamental de que ningún poder, incluso el del pueblo, puede ser absoluto y han establecido numerosos contrapesos que evitan los potenciales abusos. Pretender refundar la democracia, sin los resguardos necesarios para evitar la tiranía política de una mayoría que se cree y se siente única depositaria de la verdad y la virtud, no es un buen signo para los que esperan que la estabilidad regrese y el desconcierto desaparezca. Sin ello, las esperanzas de retomar un crecimiento vigoroso, que se prolongue más allá del impulso inicial actual, se desvanecen. Si este rumbo se confirma Chile vivirá una más de las ya tantas esperanzas frustradas de Latinoamérica.

Columna de Hernán Büchi, Miembro del Consejo Asesor de LyD, en El Mercurio.-