Pensiones: a falta de ley larga, una Corta

La ley corta de pensiones, ingresada al Congreso por parte del Ejecutivo con discusión inmediata, amplía la cobertura del Pilar Solidario del 60% al 80% de la población más vulnerable, incorporando así un número importante de personas que antes no tenían acceso a estos beneficios previsionales. Propone, además, un aumento inmediato de la Pensión Básica Solidaria para llegar a los $ 178.958, no existiendo pensiones de este tipo inferiores a la línea de la pobreza vigente.

Así, las medidas fortalecen el Pilar Solidario, favoreciendo a la población más vulnerable del país, a lo que se suma un nuevo seguro para proteger a quienes estén cesantes. Sin embargo, su ingreso al Congreso es una muestra de falta de diálogo y voluntad política para destrabar la tramitación de la ley larga de pensiones, que se ingresó al Legislativo en noviembre de 2018 y que habiendo sido aprobada en la Cámara de Diputados luego de un acuerdo político con parte de la oposición, en el Senado no ha tenido avances, sin perjuicio de las urgencias presentadas por el Ejecutivo.

El monto mínimo de la Pensión Básica Solidaria propuesto nos acerca al establecimiento de una Pensión Básica Universal, cuyo monto sea igual para quienes se pensionen y que constituya un piso mínimo sobre el cuál se sume el ahorro obligatorio individual y si lo hay, el ahorro voluntario. Este diseño reemplazaría al actual sistema de pensiones solidario y permitiría pensiones con niveles más altos que los actuales, por cuanto el ahorro individual se suma a la pensión básica universal resultando en una pensión final más alta. Adicionalmente, disminuiría los desincentivos a cotizar y a la informalidad, por cuanto contribuir al ahorro para pensiones permite alcanzar pensiones más altas.

Frente a la propuesta del Gobierno, sectores de la oposición han planteado que el aumento de la Pensión Básica Solidaria es insuficiente y que debiera ser mayor, como por ejemplo $ 250.000 o $ 337.000, pero esto debe ser analizado con precaución, ya que implica un incremento importante de recursos fiscales. En este sentido, otorgar, por ejemplo, una Pensión Básica Universal de $ 337.000, equivalente al salario mínimo vigente, significa un gasto fiscal 4,9% del PIB en 2022, llegando a 5,9% en 2050. En 2020, los compromisos fiscales vinculados al sistema de pensiones solidarias y a la garantía estatal de pensiones mínimas fueron 1,35% del PIB, por lo que se requiere un importante esfuerzo fiscal para llevar a cabo una reforma de esta envergadura.

Es por ello que es fundamental incorporar en este diseño un mínimo de años de cotización, que proponemos sean 30. Si se cumple con este mínimo, se tiene derecho a una pensión mínima completa y si los años cotizados son menos, se accede a una parte proporcional de ella.

Sin duda que existirán presiones por aumentar este piso mínimo, ya sea porque aumenta la línea de la pobreza, se incrementa el salario mínimo o el envejecimiento de la población. Pero no puede quedar fuera de la discusión el fuerte impacto fiscal de largo plazo que ello implicaría.

 

Columna de Ingrid Jones, Economista, publicada en el Diario Financiero.-