Mientras nuestro Congreso, sin atribuciones para hacerlo, legisla para debilitar las pensiones de los chilenos en una ofensiva populista que parece no tener fin, otros problemas del país requieren nuestra atención.

Hay temas emergentes, que están en el centro de la política mundial y la determinan, y que nosotros, ensimismados en nuestra vía al estado fallido, parecemos incapaces de manejar. Después de más de 10 años de tramitación durante tres gobiernos, por fin la nueva Ley de Migraciones, iniciativa del Presidente Piñera, vio la luz. Están entonces las bases para superar la vergüenza de la gestión del gobierno de Bachelet, que abrió las fronteras sin control alguno haciendo la vista gorda al fraude de quienes llevaban al país como supuestos turistas para instalarse acá; lo que más que duplicó la población migrante en unos pocos años, creando todo tipo de problemas como hacinamiento, precarización de los barrios populares, guetos, colapso del sistema de protección social y los mercados laborales. Esta verdadera invasión alentó la xenofobia entre los chilenos que se vieron afectados duramente en su calidad de vida y que están lejos de compartir el buenismo de los progresistas, que quieren dejar entrar a quien le plazca y evitar que se les expulse del país cuando violan la ley, entre otras cosas porque los problemas que trajo esta inmigración desbocada no los afecta a ellos. Exacerbada por la diáspora venezolana que escapa del socialismo del siglo 21, la inmigración está descontrolada en nuestro país.

Contribuye a ello el estado de transición entre la ley de 1975 que nos regía y la recientemente aprobada. El gobierno debe apurarse en dictar el reglamento para poder aplicarla y poner en práctica las medidas administrativas necesarias. Dos medidas parecen imprescindibles y parte de ellas pueden ponerse en práctica sin esperar el reglamento. La primera es aumentar los controles fronterizos para que Chile pueda ejercer su derecho a aceptar o rechazar un inmigrante, la segunda es que quienes violan la ley puedan ser, fundadamente, expulsados del país. Una interpretación armónica de los tribunales de la nueva ley de migraciones es necesaria y también la distinción entre inmigrantes y refugiados políticos.

El buenismo, que sólo se preocupa de entregar a los migrantes todo tipo de prestaciones, dádivas y soluciones, aunque invoque razones humanitarias, es una fábrica de xenofobia cuya producción es explosiva como lo demuestra lo que ocurre en diversas partes del mundo. Ignorar el efecto en nuevas oleadas de migración de las medidas que se toman para atender la situación de los que ya están en el país no sólo es una inconsistencia dinámica en materia de políticas públicas, sino derechamente una irresponsabilidad que agrava el problema y crea más situaciones de precariedad.

Pero hay también, como lo ha señalado Iván Poduje un crítico del buenismo, una tentación para la derecha en orden a seguir el ejemplo de otros países que, apelando a razones identitarias, pretenden cerrar absolutamente las fronteras, para ganar así el voto popular; ignorando que una migración sustentable y regulada puede enriquecer nuestra cultura y recibir lo mejor de los migrantes: su disposición a trabajar y su espíritu de superación. Estas virtudes no se obtienen precisamente repartiendo a diestra y siniestra beneficios y prestaciones que, por cierto, no son financiadas con recursos generados por los políticos que las promueven. La migración es un fenómeno de nuestra época, presente en muchas partes del mundo, complejo y cuya solución requiere un enfoque integral, más que medidas puntuales y efectistas o exhortaciones buenistas para sacar lágrimas en las pantallas de televisión.

Lo que hoy día se mira como un problema de difícil solución puede ser una oportunidad si se aplica la inteligencia y el buen criterio para regularla, elementos escasos en la arena política hoy día.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-