Dueños de las vacunas

Ha comenzado la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el hemisferio norte y en unas semanas más los miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidirán si van a suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas para combatir la pandemia del COVID-19.

Según señalan los promotores de esta suspensión temporal, liderados por India y Sudáfrica, ella permitiría que otras compañías puedan replicar las vacunas cuyos derechos de propiedad industrial hoy detentan los laboratorios que las han desarrollado, como Pfizer o Astra Zeneca, entre otras, acelerando de esta forma la producción de vacunas y el acceso para los países en desarrollo. La Unión Europea, el Reino Unido y Japón, han manifestado su desacuerdo con la propuesta que algunas naciones levantan ante la OMS. Sorprendentemente Estados Unidos ha dado un apoyo preliminar acotado a la iniciativa.

Muchas naciones aún no se pronuncian y están a la espera del desarrollo de este asunto durante estos meses. En el caso chileno, nuestro entendimiento es que el Estado de Chile comprende la necesidad de hacer frente al desafío que implica continuar escalando la capacidad de producción y distribución de medicamentos, tecnologías médicas y, especialmente, de vacunas para combatir el COVID-19 y entiende que debe darse una discusión al efecto. También Chile valora el sistema internacional de Propiedad Intelectual que ha hecho posible la producción de miles de millones de dosis de vacunas administradas en el mundo y que es necesario contar con un marco jurídico que facilite la cooperación publico privada -como lo hacen la red de tratados e instrumentos internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual, así como aquellos que favorecen el libre comercio y el intercambio entre los países- todo lo que permita hacerse cargo, y no son un obstáculo para alcanzar los objetivos de salud pública, reconociendo los desafíos a ser abordados, los que en todo caso no se resuelven con soluciones simplistas y mágicas.

Desde nuestro punto de vista, tanto ante la OMS como en otros foros relevantes, los países que entienden la importancia e impacto de la propiedad industrial para el desarrollo de las naciones deben continuar enarbolando la relevancia de estos derechos, porque es potenciándolos y no debilitándolos, que podremos salir de esta pandemia y prepararnos de mejor manera para la siguiente.

En la materia, y además de la evidencia teórica, siempre es útil repasar la evidencia empírica y los hechos. En 18 meses, el COVID-19 ha pasado de ser un virus y enfermedad desconocida a una que puede enfrentarse y prevenirse, con cuatro vacunas autorizadas por los reguladores en los Estados Unidos, la Unión Europea y alrededor del mundo. La producción global de vacunas para el COVID-19, este año, se estima que superará las doce mil millones de dosis, cantidad suficiente, eventualmente, para alcanzar la inmunidad de rebaño global en 2022. La producción de vacunas, a esta escala y velocidad no tiene precedentes en la historia, y los héroes silenciosos detrás de esta exitosa historia son los derechos de propiedad industrial e intelectual. La protección que esta brinda ha permitido múltiples investigaciones en colaboración, así como la producción de vacunas innovadoras en alianzas alrededor del mundo y a menudo entre competidores. Empresas rivales han compartido componentes, plataformas y tecnologías desarrolladas por ellos y respecto de las que poseen derechos de propiedad industrial, todo ello en tiempo récord. Los desarrolladores de vacunas han unido fuerzas, con fabricantes de todo el mundo, nuevamente muchos de ellos competidores entre sí, para impulsar la producción de vacunas y ponernos cerca del objetivo de las 12 mil millones de dosis.

Estas alianzas y asociaciones no habrían ocurrido sin las certezas que proveen los derechos de propiedad industrial. Debilitar las reglas que han permitido esta colaboración fructífera implicará debilitar, asimismo, esas alianzas y asociaciones, y hoy, en este escenario, lo último que el mundo necesita es que se rebaraje por completo el naipe como ocurriría si se aprobara la propuesta ante la OMS.

Aún más dudosa es la noción implícita en la propuesta de que existe capacidad ociosa en la producción de vacunas, que solo podría ser puesta en marcha si la protección de la propiedad industrial fuera removida. En realidad, solo unos pocos países tienen esta capacidad avanzada de producción. Intentar construirla, en los países en vías de desarrollo, en que hoy no existe, debiera ser la prioridad en el largo plazo y eso no se logrará debilitando la protección que brinda la propiedad industrial e intelectual. Las vacunas de Moderna y Pfizer, por ejemplo, están basadas en ARNm, una nueva tecnología en vacunas que hace su debut comercial en esta pandemia. “No hay capacidad industrial de producción de ARNm en el mundo”, señala Stephane Bancel, uno de los ejecutivos jefe de Moderna. “Es una nueva tecnología. Aún cuando todos los recursos humanos estuvieran disponibles y todo lo demás necesario al efecto, quien quiera hacer vacunas con la tecnología ARNm tendría que comprar las maquinas e inventar los procesos de producción, verificación y de análisis”. En otras palabras, aun cuando no hubiera derechos de propiedad industrial, producir toda esta nueva capacidad desde cero tomaría meses, cuando no años, plazo en el cual las actuales alianzas y asociaciones ya habrán producido y entregado todas las vacunas requeridas. Otros ingredientes y materia prima requerida escasean hoy en el mundo en general, como partículas de lípido y mezcladores para hacer estas vacunas. Hay laboratorios que hoy corren contra la escasez de ingredientes tan diversos como la corteza de árboles chilenos y las bolsas biorreactores.

Y cabe hacer notar que la falta de disponibilidad no tiene nada que ver con los derechos de propiedad industrial, sino con el empeoramiento de las condiciones de comercio internacional que en buena parte se deben a las restricciones a las exportaciones impuestas por muchos países, incluyendo los Estados Unidos. Estas medidas restrictivas al comercio exterior son el real problema, distorsionando las cadenas de abastecimiento y desencadenando la escasez.

Un mundo con cero propiedad industrial sería un retroceso y un desincentivo para la innovación y la capacidad de reacción y adecuación urgente que requieren las vacunas existentes para las nuevas variantes de COVID-19. Descarrilaría los múltiples acuerdos de licencias para producir vacunas, hoy vigentes, arrojando las cadenas de abastecimiento y distribución al despeñadero, y poniendo en riesgo los miles de millones de dólares hoy invertidos en actualizar la infraestructura productiva para crear nuevas vacunas. Si la OMS sienta un mal precedente, muy pocas compañías estarán dispuestas a invertir en nuevas vacunas cuando una nueva pandemia nos asole. Sin el sector privado, que ha sido crucial en esta cruzada, solo nos quedaría apostar por que los laboratorios estatales puedan investigar y producir masivamente vacunas, en un estrecho espacio de tiempo, lo que no resulta muy esperanzador. La OMS solo puede tomar decisiones si todos sus miembros llegan a un consenso. La posición de Chile es razonable y debe usar su influencia para resistir una mala propuesta. Los riesgos no podrían ser mayores.

Columna de Natalia González, Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD y Philip Stevens, Director Ejecutivo de Geneva Network, publicada en El Líbero.-