LA CEGUERA CON EL CUARTO RETIRO

Hace unos días se inició la discusión del proyecto de reforma constitucional del cuarto retiro de fondos de pensiones, en la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Lo que se suponía era una reforma excepcional, que autorizaría por una única vez a las personas a retirar un 10% de sus fondos de pensiones, se vuelve a discutir en el Congreso -ya por cuarta vez-, pese a las advertencias de los expertos sobre los nocivos efectos de la medida y al fallo del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del segundo retiro. Lo anterior se complejiza al haber sido refundido los proyectos de cuarto retiro con aquellos que autorizan a retirar el 100% de los fondos previsionales.

Al respecto, son muchos los expertos, de diferentes tendencias políticas, que han advertido sobre las nefastas consecuencias económicas que implicaría un cuarto retiro. Especialmente clarificadora fue la exposición del Presidente del Banco Central (BC) ante la referida comisión de Constitución el miércoles pasado, quien hizo presente los riesgos y amenazas que ocasionaría un cuarto retiro, y eventuales retiros siguientes. Según consta en su presentación, “los retiros se han ido concentrando en el segmento de mayores ingresos y con menos necesidades de los afiliados; los retiros han tenido un impacto decreciente sobre la actividad y el empleo; y los retiros han contribuido significativamente al alza de tasas de interés de mercado y de la inflación”. Así, “mientras los beneficios de los retiros han ido decreciendo, sus costos se han ido elevando, situación que se acentuará de cara a nuevas reiteraciones de la medida”. Pero, además, otro aspecto relevante en que se detuvo Mario Marcel, es que “el efecto de cada retiro no es una copia del anterior y el desbalance entre beneficios y costos es creciente”.

Sin embargo, todos estos aspectos técnicos y advertencias sobre las consecuencias indeseadas de un cuarto retiro, que han sido calificadas por algunos parlamentarios como “catastróficas”, parecieran no importarle a gran parte de quienes detentan la responsabilidad de legislar. Es más, incluso el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, frente a la pregunta de si vale la pena correr el riesgo frente a las consecuencias extremadamente graves advertidas por el BC, sólo se limitó a responder que la élite (la cual incluiría a los economistas y académicos), estaría desconectada con lo que viven y sufren todos los chilenos, atribuyéndole ni más ni menos que a los técnicos la explosión social del 18 de octubre.

Estas últimas afirmaciones, además de ser graves, sólo demuestran cómo una vez más algunos parlamentarios recurren a cualquier argumento con tal de no querer ver ni escuchar los consejos de los técnicos y expertos. Tampoco atienden a los datos objetivos de la Superintendencia de Pensiones, los que demuestran la regresividad de la medida, toda vez que aquellos afiliados que tienen remuneraciones más bajas y menores densidades de cotización, son quienes ya retiraron el 100% de sus fondos. Y ¿qué decir sobre la inconstitucionalidad del proyecto? Que ésta ya sólo le importa a unos pocos. 

Columna de Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo, publicada en La Tercera.-