A UN MES DE SU INSTALACIÓN, ¿QUÉ PREOCUPA?

Ya se cumplió un mes desde la instalación de la Convención Constitucional. Si bien aún es temprano para hacer juicios de valor respecto a su trabajo, y reconociendo los avances en términos de organización, hay aspectos que preocupan y que alertan respecto al clima que podría imperar en los once meses que restan.

Primero, preocupa que la Convención insista en inmiscuirse en temas que son ajenos a su competencia. Lo vimos cuando dedicó una jornada completa para emitir una declaración en torno a los privados de libertad del 18-O, con diversas exigencias a distintos poderes del Estado. Luego, 46 convencionales solicitaron a la Presidenta del Senado no tramitar el TPP-11 ni ningún tratado de libre comercio y/o inversión, olvidando que les está prohibido ejercer funciones de otros órganos del Estado y que sólo tienen un único y exclusivo mandato: redactar un texto de nueva Constitución.

Segundo, inquieta también cómo algunos convencionales, en sus declaraciones, pretendan alterar las reglas fijadas para el proceso constituyente, poniendo en duda el quórum de 2/3 de votación. Pero, además, ya se han aprobado ciertas normas que desconocen el texto constitucional que habilitó este proceso, tales como la ampliación de la Mesa Directiva (de 2 a 9 miembros) o aquella que establece que el Comité Externo de Asignaciones deba seguir las directrices de la Comisión de Presupuestos de la Convención, perdiendo así su carácter de independiente.

Tercero, respecto a las ocho comisiones provisorias en funcionamiento -de Reglamento; de Ética; de Presupuesto; de Derechos Humanos; de Comunicaciones y Transparencia; de Participación Popular y Equidad Territorial; de Participación y Consulta Indígena; y de Descentralización- llama la atención como varias de ellas, más que orientarse al funcionamiento organizativo de la Convención, apuntan a abordar cuestiones de fondo cuya creación más bien debería ser resuelta en el reglamento definitivo. Además, y especialmente dado el tono del debate que se ha observado, es evidente que hay materias que sólo contribuyen a polarizar aún más la discusión. Por otra parte, la propuesta aprobada relativa a las audiencias públicas, que impide que determinadas personas o instituciones participen simplemente porque la mayoría de los presentes en la sesión de la comisión respectiva estime que tienen un interés en la materia, contradice principios democráticos básicos.

Por último, y sin perjuicio de otros elementos, otro aspecto que ha sido característico de este primer mes y que se ha visto en los criterios utilizados por la Mesa Directiva para el uso de la palabra, así como también para la conformación de las comisiones y vicepresidencias adjuntas, es relevar criterios identitarios como la plurinacionalidad, descentralización y paridad, lo cual, además de distorsionar el debate de ideas, pone en entredicho el respeto por la igualdad ante la ley. Sin duda, lo ocurrido este primer mes preocupa, especialmente por el precedente que se genera para las cuestiones de fondo que vendrán más adelante.

Columna de Pilar Hazbun, Coordinadora del Programa Legislativo de LyD, en La Tercera.-