En Chile la discusión económica está puesta en las medidas de ayuda a la población bajo el nombre de mínimos comunes. Se ha instalado una discusión acerca de la magnitud de las ayudas que serían necesarias. Entre los políticos no hay muchos matices: “insuficiente” es el facilismo que se usa generalizadamente. Pero entre quienes hacen una discusión seria hay diferencias respecto a los montos de ayuda adecuados, su destino, y la duración de éstas; pues una cosa es cuánto se impacta el PIB y otra es cuál es su composición entre consumo e inversión, que será lo que en definitiva determinará la sostenibilidad de una recuperación económica.
Aunque la estimación de las cifras varía, economistas tan destacados como Vittorio Corbo, Rodrigo Vergara y Klaus Schmidt-Hebbel coinciden en que los programas de ayuda que se están acordando están en el límite de lo prudente, o más allá. Se entregarían ayudas sociales que alcanzarían a más de 26.000 millones de dólares según Schmidt-Hebbel y 28.000 millones según Vergara. Schmidt-Hebbel agrega que debe considerarse que, además, las personas han dispuesto de 50.000 millones de dólares por los retiros de AFP. Éstos, si bien provienen de fondos ahorrados por ellos, igual representan una contingencia fiscal pues de alguna manera el Estado deberá concurrir a financiar pensiones que se quedaron sin financiamiento. Por último, está también el monto de recursos movilizados por el Estado y los bancos, del orden de 28.000 millones de dólares, en créditos Fogape y Covid a pymes y empresas en general, que, si bien son crédito y no subsidio, y por lo tanto no corresponde simplemente sumarlos para definir las ayudas, sí representan una transferencia de recursos, aunque sea transitoria, que al sumarse a las demás ayudas dan un monto total movilizado del orden de 95.000 millones de dólares, un 32% del PIB. Eso situaría a Chile como el cuarto país que más ha movilizado recursos para la pandemia en el mundo según datos del FMI, detrás de Japón, Italia y Alemania.
Por eso no es de extrañar que durante los días del Cyber Day, las ventas hayan aumentado un 57% respecto al año anterior. Ello pese a que, según informó el Banco Central, los chilenos utilizaron sus retiros previsionales en un 80% para ahorrar y pagar deudas y sólo un 20% para consumir. Por eso los políticos que hablan de “hambre” mienten y ninguno tiene la valentía para discutir siquiera si es que se transferirán recursos excesivos.
Desde el punto de vista económico, cabe discutir al menos dos problemas: uno es el de la estabilidad fiscal de largo plazo. La deuda llegará a 35% del PIB este año y pocos se atreven a dar una cifra para el 2022. Algunos consideran que aún tenemos cierta holgura en esta materia y que podríamos llegar a 50% del PIB. Sin embargo, lo preocupante es la tendencia. La estimación de la DIPRES para el déficit estructural de este año supera el 4% y no se ve en el horizonte la posibilidad de volver al equilibrio estructural que estaba en la mente de quienes lo introdujeron hace ya veinte años. Recordemos que incluso el Presidente Lagos aspiraba a un superávit de 1% del PIB.
El otro problema, está dado porque las ayudas son pro cíclicas. La economía crecerá del orden de 7% este año y por lo tanto las magnitudes señaladas no tienen sentido e hipotecan el futuro de nuestra economía, cuya principal tarea es generar empleos y producción que la hagan sustentable. Cualquier ayuda debiera dirigirse a fomentar el empleo productivo.
Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en el Diario Financiero.-
