¿DESPRIVATIZACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES?

Del simplismo del slogan a la redacción de un texto constitucional hay un paso largo… ojalá.  Digo “ojalá” porque en Chile dejó de ser cierto aquello que la sabiduría popular encapsuló en un dicho al cual poder recurrir ante la proclamación entusiasta de metas demasiado ambiciosas o de necedades evidentes, aquello de que “del dicho al hecho hay un largo trecho”.

Las consignas y lugares comunes parecen tener hoy una oportunidad histórica y por tanto vale la pena tomárselas en serio. Consideremos una de ellas: la “desprivatización de los derechos sociales”.  Preguntas relevantes no faltan: ¿Cómo se definen?, ¿cuáles quedarán consagrados en la Constitución?, ¿cuáles serán los mecanismos para su exigibilidad?, ¿a quiénes se los vamos a poder “cobrar”?

En el mundo real estamos también obligados a hacernos esta otra pregunta: ¿quiénes serán los llamados a crear y producir los bienes y servicios que permitan efectivamente la materialización de estos derechos? ¿A quiénes se les va a permitir hacerlo? ¿Padecen los que promueven la “desprivatización” de esto o de aquello de una timidez que les impide decir “estatización”? ¿Qué quieren decir y hacer en la práctica?

El financiamiento público de prestaciones sociales es en sí un desafío fiscal y de políticas públicas. Que los bienes y servicios involucrados solo puedan ser producidos y entregados por entes estatales, es una cuestión completamente distinta en cuanto a su complejidad y alcance.

Hoy por ejemplo el Estado financia la educación escolar del 90% de los niños y adolescentes del país, pero solo un 35% asiste a establecimientos estatales, ya sea dependientes de los municipios o de los recientemente creados servicios locales de educación. ¿Significa la “desprivatización de la educación” que casi 2 millones de estudiantes tendrán que cambiarse a un establecimiento estatal, que el Estado tendrá que aumentar su capacidad de entregar educación de 1,3 millones a 3,3 millones de alumnos?   

Hoy, si bien el 81% de la población está cubierto por Fonasa y solo el 19% por un seguro de salud privado, más del 40% del total de las prestaciones otorgadas por prestadores privados de salud son a beneficiarios de Fonasa bajo la modalidad de libre elección. ¿Qué capacidad tienen los servicios estatales de salud de hacerse cargo del problema? Sin ir más lejos, pensemos en lo que ha sido el rol del sector privado durante esta pandemia, tanto en testeo como en atención hospitalaria. De los casi 15 millones de PCR realizados a la fecha, aproximadamente el 60% ha sido efectuado por proveedores privados. Y en materia de camas críticas, hoy una de cada tres disponibles en el país son de prestadores privados de salud.

Hoy prácticamente la totalidad de las viviendas que se adquieren o arriendan con subsidio del Estado han sido construidas por entidades privadas. ¿Se propone acaso condicionar la ayuda social en materia de vivienda a que esta sea construida o arrendada por un ente estatal?  ¿Quizás en eso están pensando quienes impulsan con entusiasmo una inmobiliaria popular?  De los 60.000 subsidios pagados el año 2019 para acceder a una casa propia, ¿cuántos realmente se hubiesen traducido en una solución habitacional de no haber sido por la participación del sector privado?

La Convención aún no se instala, pero llegará el momento en que las consignas, slogans y promesas, y también las expectativas, ilusiones y esperanzas legítimas de millones de chilenos tendrán que finalmente traducirse al texto constitucional. Bien sabemos que el papel aguanta mucho. El desafío es que el avance de las consignas no termine haciendo retroceder a las personas en materia de derechos sociales.

 

Columna Bettina Horst, Directora de Políticas Públicas, publicada en El Mercurio.-