Una de las principales razones esgrimidas para legislar en favor del tercer retiro previsional es que la ayuda entregada por el Gobierno es insuficiente. Claramente, el definir qué es suficiente es un juicio de valor, pero lo que no se puede discutir son los grandes montos de ayuda que ha entregado el Gobierno (US$ 18 mil millones), la inédita cobertura de la ayuda (que se estima que llegará a más de nueve millones de personas con el IFE que se pagará a partir de este mes) y que la comparación con otras naciones en términos de ayuda por la pandemia lo deja muy bien parado (siendo uno de los líderes de Latinoamérica, con 8,2% del PIB).
En relación con la necesidad de liquidez en los hogares que justificaría el tercer retiro, en su exposición ante la comisión de Hacienda del Senado, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, informó que de los fondos previsionales que fueron pagados a enero de 2021, US$ 34.000 millones en total, un 62% se destinó a ahorro, lo que equivale a un 7,6% del PIB. Del total de los fondos entregados, solo se destinó a consumo de bienes el 15,2% del total, representando un 1,9% del PIB.
Una cifra que ejemplifica el aumento de ahorro de los hogares chilenos es que en enero de 2020 los chilenos en sus cuentas vista tenían $195 mil en promedio, mientras que en enero de 2021 tienen $491 mil en promedio. Independientemente de las razones de por qué personas que no vieron mermados sus ingresos durante la pandemia realizaron el retiro del 10% de sus fondos previsionales, claramente no se aprecia una restricción de liquidez marcada en la población y, por ende, justificar un tercer retiro de fondos previsionales por esta razón no parece tener asidero en los datos.
Por último, respecto del impacto de un tercer retiro previsional, es importante tener en mente que hoy existen 4,3 millones de afiliados, de un universo de 11 millones, que tienen entre $0 y $1 millón en sus cuentas. Si se permite que los afiliados con menos de 35 UF puedan retirar el total de su saldo, todo este grupo de personas podría potencialmente quedar con cero pesos. Una complejidad adicional de esta cifra es que 1,4 millones de este grupo tienen más de 40 años, lo que significa que cuentan con mucho menos tiempo para poder formar un saldo que les permita una pensión con una tasa de reemplazo medianamente alta. Además, la mayoría de este grupo que terminará con cero saldo son mujeres, donde hay 2,4 millones de trabajadoras, que representan el 56% del total.
Dado esto, conminamos a parlamentarios y al Gobierno a oponerse a esta mala política pública, que es claramente regresiva y que puede tener un grave impacto en el futuro. No solo en términos de potenciales menores recursos destinados a otras políticas públicas (educación, salud, vivienda, etcétera), debido al aumento de gasto gubernamental para financiar a pensionados sin fondos de ahorro, sino que también por los incentivos que se generan en el mercado del trabajo y en el ahorro previsional, clave para contar con un sistema de pensiones sostenible.
Carta de Juan Luis Correa, Francisca Dussaillant, Tomás Flores, Hermann González, Bettina Horst, Rodrigo Montero, Marco Morales, Rafael Sánchez y Mauricio G. Villena, publicada en El Mercurio.-
