Por años, Chile se libró del populismo, la demagogia, la ingobernabilidad y la inestabilidad democrática, lacras permanentes de varios países de la región. Habíamos escapado y no por arte de magia, sino porque teníamos conciencia de que solo el esfuerzo persistente en robustecer nuestra institucionalidad (y no denigrarla), en practicar la buena política y en generar políticas públicas razonadas nos libraría de las amenazas a la libertad ¿Qué nos pasó?

Hoy nos abruma la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, pero ella pasará. En cambio, la violencia, el terrorismo y el deterioro extremo del debate democrático, sin orilla y en que día a día se acentúa más la tormenta, no se irán si seguimos impávidos tolerando o incentivando el desastre ¿Cómo es que estamos tan entregados a dejar morir nuestras instituciones en manos de atractivos rufianes y a que ellas sean corrompidas por el desapego al marco jurídico, la liviandad y la ordinariez extrema? Hoy brillan por su ausencia grupos transversales en todos los ámbitos y disciplinas que, en forma clara y contundente, defiendan persistentemente las premisas más esenciales del orden democrático como lo son la supremacía constitucional, la división de poderes, la protección de nuestra libertad y derechos, la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la sujeción al Estado de Derecho y el destierro de la arbitrariedad.

Últimamente da la impresión de que esos principios, pilares de todo lo demás, han quedado huérfanos, sin padrinos. Yo sé que no es fácil convocar a grupos transversales. Requiere comprometer posiciones y a veces aparecer junto a quienes no resulta tan cómodo. Además, es desmotivador si el esfuerzo no logra influir. También hay otras dificultades. Quienes promueven el quiebre institucional se encargan astutamente de enredarlo todo. Mezclan, por ejemplo, la defensa de estas convicciones básicas, que deben ser transversales a cualquier partido político democrático o creencia política, con viejas disputas sobre los fines de la acción gubernamental y el rol del Estado. Defender el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la supremacía constitucional aparece entonces como una defensa del modelo. Como hay algunos que no quieren aparecer defendiendo el modelo (o al lado de los que defienden el modelo), los titiriteros del enredo ganan. Pero en realidad no hay ganancia solo costos y enormes. ¡Si solo tuviéramos la claridad conceptual para entender que es el futuro de la democracia constitucional lo que está en juego, la disposición a defenderla no flaquearía ni aun ante intentos maniqueos! Esa defensa, por difícil que parezca, amerita ser hecha una y mil veces. Es el país y el futuro de las nuevas generaciones lo que estamos echando a la suerte de manera que el silencio de los “inocentes” lo único que logra es darle un pase gol a los rupturistas, que van ganando por goleada.

¿Y en la arena en la que las papas queman, qué pasa? Bueno ahí la situación es desoladora. Salvo por un puñado de parlamentarios que a estas alturas resultan heroicos por no caer en la tentación de autodestruirse y destruirnos, lo que predomina es el abandono más absoluto del juramento o promesa de respetar el orden institucional. Lo único que se respeta es lo que dice la calle, pero la calle vociferante, esa de las redes sociales que no necesariamente es representativa. Dolosa o culposamente esos que dicen velar por nuestros intereses al darnos el 10% de nuestros fondos de pensiones o que buscan subir impuestos sin tener facultades para ello (porque asumen que saben mejor que nosotros lo que es bueno), en realidad, solo están destruyendo nuestra democracia constitucional y ¡en medio de un proceso constituyente! Los votantes lo sabemos y no los respaldaremos. Pero, además, quisiera preguntar qué estarán haciendo los partidos políticos para que la siguiente elección de parlamentarios no de pie a otros cuatro años de triste espectáculo circense que, si sigue los pasos de éste, enterrará nuestra democracia. Sería bueno saberlo.

La amenaza a la libertad es demasiado severa para verla pasar por nuestras narices sin hacer algo. Entendamos, además, que esas amenazas están testeando el terreno para lo que sucederá en la Convención Constitucional. La libertad política y económica, en cualquiera de sus matices, solo son posibles si creemos en el imperio de la ley. Lo demás es una quimera que sabemos que termina mal. No dejemos que políticos irresponsables, deseosos de fama y de subir en las encuestas, nos conduzcan hacia allá.

Columna de Natalia Gonzalez, Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos, publicada en El Mercurio.-