Hace un año se iniciaban las restricciones al movimiento de las personas y el mercado internacional reaccionaba con fuertes caídas ante un planeta que entraba en cuarentena. El precio del cobre en abril del año pasado llegó a US$2,29 por libra, mientras que un barril de petróleo caía hasta US$23, generando un sustancial remezón en los países exportadores del llamado oro negro. Estos indicadores daban cuenta de cómo la economía mundial se precipitaba en una recesión y, de hecho, el Imacec chileno de abril se contrajo en 12 meses en un -13,8%, lo que marca el inicio de la peor crisis económica de las últimas décadas.
Todas las proyecciones iniciales indicaban que a mediados del 2020 la pandemia empezaría de declinar y que por tanto la ayuda fiscal debía ajustarse a dicho calendario tentativo, pero el comportamiento de este virus se apartó de lo proyectado y es así como un año después del inicio de la pandemia estamos ahora con incluso mayores restricciones que las vistas originalmente. Sin embargo, existe la esperanza de que esta sea la última gran cuarentena y que a partir de mayo la economía doméstica comience a renacer. La economía externa, por su parte, ha mantenido su reactivación, principalmente de la zona asiática, y ello se refleja con un precio del cobre que bordea actualmente los US$4,14 por libra.
Así, esta expectativa de reapertura a partir de mayo junto con un comercio exterior dinámico, genera una aparente contradicción, ya que si bien el PIB chileno debe haber caído cerca de 1,2% en el primer trimestre, las proyecciones para el año se siguen corrigiendo al alza, llegando incluso a bordear una expansión de 7%. Esto implica un segundo semestre muy dinámico, donde los incrementos de la producción de algunos meses exhibirán variaciones de dos dígitos.
Si este escenario se hace realidad, habremos logrado llegar al nivel de PIB que teníamos en 2019, aunque en muchos sectores productivos deberemos implementar un plan de reconstrucción, ya que en servicios como el turismo se ha registrado un impacto profundo que no se soluciona con una política pública general como el programa Fogape y por tanto será necesario implementar un programa focalizado para dicha reconstrucción económica.
Aunque este proceso de reconstrucción sea exitoso y logremos retomar la actividad pre pandemia, se están produciendo grietas significativas en nuestra institucionalidad económica, tal como el desmantelamiento de la seguridad social, la política tributaria diseñada desde el Congreso y decenas de mociones parlamentarias que violan sistemáticamente la Constitución. Estas grietas son más dañinas que la pandemia misma, ya que alteran no solo el presente, sino también toda la evolución futura de nuestro país.
