Evidencia llama a priorizar educación temprana

La semana pasada, investigadores de Clapes y del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC presentaron un estudio que evalúa el impacto que el cierre de los establecimientos de educación parvularia tuvo sobre el desarrollo de los niños. Esto, a través de la comparación de los resultados en una serie de instrumentos de evaluación que fueron aplicados a la cohorte del año 2020 y a otras anteriores a la pandemia.

Sus resultados sugieren un grave retroceso durante el período: más problemas socioemocionales, un menor nivel de desarrollo en ámbitos cognitivos y un rezago en lenguaje y habilidades comunicativas. Para tener un orden de magnitud, éste equivale a reducir el nivel educativo de la madre del niño en cinco años, esto es, lo que dura una carrera universitaria. Este estudio es tremendamente relevante y nos invita a reflexionar sobre la ruta que debiéramos seguir. Primero, porque es la primera medición del impacto de la suspensión de las actividades educativas presenciales durante el año pasado para nuestro país.

Y, segundo, porque sus resultados confirman que Chile no es una excepción en cuanto a los perjuicios que la experiencia internacional ya evidenciaba al respecto. La magnitud de los hallazgos sugiere que el aumento en el acceso a educación parvularia logrado en la última década podría verse contrarrestado si es que el cierre de los establecimientos se extiende durante 2021. Peor aún, dada la importancia que tienen los aprendizajes durante la primera infancia en el desempeño posterior en la vida, se visualiza un daño de largo plazo que requerirá de esfuerzos adicionales para poder remediarse: una caída en escolaridad futura, en productividad laboral y en salarios, más problemas de salud mental y física y un incremento en conductas de riesgo como consumo de drogas.

Así, si antes de la pandemia la evidencia ya llamaba a priorizar este nivel educativo desde la política pública, pues ahora ello se alza prácticamente como un deber moral. Pero el camino no es fácil. Además de la reticencia de algunos sectores por invertir en un ámbito cuyos resultados son de largo aliento y por lo tanto poco rentables políticamente en el corto plazo, se requiere superar la presión de grupos de interés que impiden asignar correctamente los recursos públicos escasos. Tal como ha propuesto el gobierno, urge unificar la institucionalidad para la provisión de la educación parvularia, equiparando los estándares y el financiamiento público para jardines de distinto proveedor y generando así las condiciones para que éstos puedan estar a la altura del desafío. Por último, es fundamental mejorar la información y el involucramiento de los padres en el proceso educativo, de manera que la familia y el establecimiento conformen un entorno coherente y propicio para el desarrollo de cada niño, reduciendo las desigualdades y poniendo su bienestar en el centro.

 

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social, publicada en La Tercera.-