La semana pasada, investigadores de Clapes y del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC presentaron un estudio que evalúa el impacto que el cierre de los establecimientos de educación parvularia tuvo sobre el desarrollo de los niños. Esto, a través de la comparación de los resultados en una serie de instrumentos de evaluación que fueron aplicados a la cohorte del año 2020 y a otras anteriores a la pandemia.
Sus resultados sugieren un grave retroceso durante el perĆodo: mĆ”s problemas socioemocionales, un menor nivel de desarrollo en Ć”mbitos cognitivos y un rezago en lenguaje y habilidades comunicativas. Para tener un orden de magnitud, Ć©ste equivale a reducir el nivel educativo de la madre del niƱo en cinco aƱos, esto es, lo que dura una carrera universitaria. Este estudio es tremendamente relevante y nos invita a reflexionar sobre la ruta que debiĆ©ramos seguir. Primero, porque es la primera medición del impacto de la suspensión de las actividades educativas presenciales durante el aƱo pasado para nuestro paĆs.
Y, segundo, porque sus resultados confirman que Chile no es una excepción en cuanto a los perjuicios que la experiencia internacional ya evidenciaba al respecto. La magnitud de los hallazgos sugiere que el aumento en el acceso a educación parvularia logrado en la Ćŗltima dĆ©cada podrĆa verse contrarrestado si es que el cierre de los establecimientos se extiende durante 2021. Peor aĆŗn, dada la importancia que tienen los aprendizajes durante la primera infancia en el desempeƱo posterior en la vida, se visualiza un daƱo de largo plazo que requerirĆ” de esfuerzos adicionales para poder remediarse: una caĆda en escolaridad futura, en productividad laboral y en salarios, mĆ”s problemas de salud mental y fĆsica y un incremento en conductas de riesgo como consumo de drogas.
AsĆ, si antes de la pandemia la evidencia ya llamaba a priorizar este nivel educativo desde la polĆtica pĆŗblica, pues ahora ello se alza prĆ”cticamente como un deber moral. Pero el camino no es fĆ”cil. AdemĆ”s de la reticencia de algunos sectores por invertir en un Ć”mbito cuyos resultados son de largo aliento y por lo tanto poco rentables polĆticamente en el corto plazo, se requiere superar la presión de grupos de interĆ©s que impiden asignar correctamente los recursos pĆŗblicos escasos. Tal como ha propuesto el gobierno, urge unificar la institucionalidad para la provisión de la educación parvularia, equiparando los estĆ”ndares y el financiamiento pĆŗblico para jardines de distinto proveedor y generando asĆ las condiciones para que Ć©stos puedan estar a la altura del desafĆo. Por Ćŗltimo, es fundamental mejorar la información y el involucramiento de los padres en el proceso educativo, de manera que la familia y el establecimiento conformen un entorno coherente y propicio para el desarrollo de cada niƱo, reduciendo las desigualdades y poniendo su bienestar en el centro.
Columna de MarĆa Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social, publicada en La Tercera.-Ā