El Crimen en Casa

La posibilidad de que maten a un familiar, incluso a uno de tus hijos más pequeños, ha dejado de ser algo que se vea en televisión o se lea en la sección policial de los diarios. La amenaza está ahora aquí en las puertas de tu casa y así lo comprobaron esta semana dos familias, una de Huechuraba y otra de Maipú, que vieron a sus hijos asesinados por acciones de delincuentes que buscaban robar los automóviles de esas familias y no dudaron matar a niños indefensos.

¿Cómo hemos llegado a esto? No ha sido de la noche a la mañana, sino parte de un proceso. Lo que pasa es que mientras los crímenes sucedían en la Araucanía o en barrios populares de nuestras ciudades teníamos la sensación de que estaban lejos, que eran problemas de otra gente. Ahora están entre nosotros. Una parte de la explicación, no obstante, es de corta data y proviene de la pérdida de respeto a la autoridad policial que se instaló en Chile a contar del 18 de octubre de 2019. La orquestada campaña contra Carabineros que estalló ese día y continúa hasta hoy es un factor decisivo. Cualquiera insulta a un carabinero, cualquiera lo golpea, cualquiera le dispara. ¿Creyó alguien por un momento que eso no iba a envalentonar a los delincuentes y antisociales que se dedican a robar a los ciudadanos honestos y que ahora lo hacen con mayor sensación de impunidad? Quienes desde la política se niegan a entregar a las policías las herramientas para combatir el crimen son cómplices de lo que está pasando. La pequeñez no está ausente en el Congreso y hay que denunciarla una y otra vez. Se echa de menos, también, un mayor respaldo de las autoridades de gobierno a las policías. Y respaldo de verdad, en los hechos, en las instrucciones, no en las declaraciones. El sitio periódico a la Plaza Baquedano es la guinda de la torta. La policía encargada del orden público no es capaz de dominar el punto más central de la ciudad. ¿Qué puede esperarse de los barrios?

Pero hay situaciones que vienen de mucho antes. La Reforma Procesal Penal, que académicos del derecho penal celebraron casi unánimemente, mejoró las garantías para los imputados pero su aplicación ha derivado en desprotección para la ciudadanía. Es crudo decirlo, pero la sensación que tienen los ciudadanos comunes y corrientes es que los delincuentes se mueven en el sistema como un pez en el agua y en cambio ellos, las víctimas, deben temer de la Justicia. La existencia de jueces e incluso fiscales “garantistas” es una realidad. Algunos, altamente ideologizados y siempre dispuestos a poner su ideología por encima de la ley, proclaman abiertamente que los delincuentes son víctimas de la sociedad y por lo tanto no tienen culpa, o bien ésta es levísima. Una y otra vez los dejan en libertad y una y otra vez vuelven a atacar a personas inocentes, les roban, les disparan e incluso los matan. Esta es una situación que debe revisarse. No se trata de volver al antiguo sistema que no separaba la persecución penal de la responsabilidad de dictar las sentencias, pero es evidente que hay muchas cosas que corregir, en el Ministerio Público y en los Tribunales de Garantía. Negarse a ello es darle la espalda a la gente. Se echan de menos las propuestas de políticos sobre esta materia. En tiempos en que tantos reclaman derechos y piden al Estado todo tipo de prestaciones y dádivas, alguien debiera pedirle al Estado lo mínimo: que proteja a la ciudadanía de la acción de los criminales.

Hay otras cuestiones que quedan en evidencia en este nuevo estadio de la delincuencia en Chile. La falta de preparación de las policías en muchas de sus actuaciones es preocupante. Defender las potestades de Carabineros o la PDI no significa ignorar que les falta capacitación y falta equipamiento. También es necesario un mando más dispuesto a aplicar herramientas disponibles en materia de tecnología y de control de gestión que den garantías a la ciudadanía de un trabajo cada vez más eficiente.

Otras autoridades tienen también un rol que jugar. Ese rol no consiste en reclamar contra el gobierno ni acusar al Estado. El Estado y las autoridades son ellos y no necesitamos funcionarios bien pagados para que estén reclamando en los medios de comunicación. Los necesitamos actuando para combatir la delincuencia.

Por último, parece evidente que una parte no menor de esta nueva ola de delincuencia, más violenta y despiadada, está ligada al consumo de drogas y a su tráfico. Es preocupante que nuestro país se convierta en territorio propicio para el crimen organizado. Otra tarea donde el Estado no cumple con sus funciones básicas.

El deber de quienes tenemos tribuna, en lugar de quejarse y disparar a la bandada, es exigir a los políticos que usen sus poderes y facultades para hacer que el Estado funcione y cumpla con sus obligaciones básicas, la primera de las cuáles es proteger la vida de los ciudadanos.

 

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo, publicada en El Líbero.-