¿Perdonazo con Mala o Buena Fe?

De acuerdo a la información disponible, una de cada cuatro personas que postularon y recibieron apoyo desde el Estado en el marco del programa Bono Clase Media, lo hicieron luego de entregar información falsa respecto de su renta. Esto es 438 mil personas, de las cuales 37 mil corresponden a funcionarios del Estado. Como esta situación se anticipó, la misma ley que creó el programa establece la obligación de reintegrar los recursos en caso de recibirlos incorrectamente, con reajustes e intereses y, en caso de negarse a reintegrarlos, la sanción podía incluso llegar a privación de libertad. Hasta ahí, dentro de lo que se podía esperar.

Frente a los hechos, el Gobierno optó por un paso previo a la sanción que establece la ley, abriendo la posibilidad que se restituyan los fondos voluntariamente antes del 30 de noviembre. Pero a pesar de ello, desde sectores de la oposición se ha llamado a aprobar un perdonazo, incluso antes que se determinara cuáles de estos casos corresponden a un error involuntario y cuántos de ellos abiertamente obedecen a una conducta fraudulenta, y en contraparte se culpó al Gobierno por implementar improvisadamente este programa de apoyo induciendo a error a los postulantes.

Estos argumentos no se sostienen, ya que más allá de la postulación propiamente tal, el mensaje era claro: solo podían acceder aquellas personas que habían tenido una caída de un 30% de sus ingresos en estos meses de pandemia. Y precisamente para agilizar el pago, frente a la permanente consigna que el Gobierno llega tarde, la elegibilidad del beneficiario se basaba en una declaración jurada del postulante, la cual dos meses más tarde, luego de contar con información objetiva a partir de registros administrativos de distintas instituciones, podía ser corroborada por parte de la autoridad. Pues bien, ya transcurridos los dos meses ya se cuenta con la información necesaria para saber si la declaración jurada se ajustaba o no a la verdad. Pero como siempre puede haber espacio para que la información administrativa pudiera presentar alguna inconsistencia, hasta el 30 de noviembre se abrió plazo para apelar. Después de ello sabremos realmente cuántos han actuado de buena fe, pero ya sabemos que, independiente de ello, para diversos sectores de la oposición actuar de mala fe no es algo sancionable.

Con esto corroboramos que los recursos públicos realmente se destinen a quienes los necesiten no es una prioridad para determinados parlamentarios. Basta ver el debate que se ha dado en el Congreso en el marco del presupuesto para el próximo año, que considera una reasignación de recursos por US$724 millones desde programas mal evaluados a otros que si efectivamente alcanzan el objetivo propuesto. A pesar de representar sólo el 1% de los recursos para 2021, el cuestionamiento ha sido la constante. Es por ello que no debiera extrañarnos que ahora se busque condonar los US$256 millones que han ido a parar a las cuentas de quienes no debieron acceder a él, un 25% de los recursos fiscales aportados en este programa.

Columna de Bettina Horst, Directora de Políticas Públicas, publicada en El Diario Financiero.-