Una campaña digital

Ha comenzado el proceso constitucional. Si bien el plebiscito se celebrará el 25 de octubre, todo evento electoral incluye el período de campaña, sin el cual el ejercicio del derecho a sufragio no sería informado y el proceso no gozaría de plena legitimidad democrática.

Sin embargo, nos encontramos aún en estado de excepción constitucional, con decenas de comunas en algún grado de confinamiento y con diversos derechos políticos -como locomoción y reunión- severamente limitados.

Más allá de los problemas que ello evidentemente supone para la realización del plebiscito -y que deben ser abordados-, diversas autoridades políticas han sostenido que tales limitaciones no afectan al correcto desarrollo de las campañas electorales, pues hoy en día ellas pueden realizarse por plataformas digitales. Sin embargo, una campaña predominantemente digital presenta diversas dificultades.

En primer lugar, tal situación es discriminatoria respecto de ciudadanos que pertenecen a ciertos grupos sociales que, por distintas circunstancias, no tienen acceso a Internet, tales como adultos mayores, sectores vulnerables y localidades rurales. En efecto, mientras el 99% de aquellos que tienen entre 25 y 34 años gozan de acceso a Internet, quienes tienen entre 65 y 69 años acceden en un 48%. Mientras el décimo decil accede en un 96%, el primer decil lo hace en un 53%. Mientras en zonas urbanas el acceso es de 81%, en rurales es de 58%. La discriminación respecto de un sinnúmero de ciudadanos que no tendrán la posibilidad de informarse en igualdad de condiciones es evidente.

En segundo lugar, tal situación se presta para abusos y futuros cuestionamientos a la legitimidad del proceso. Conocido es el caso de Cambridge Analytica y su influencia en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que, por medio de noticias falsas fabricadas de acuerdo al perfil psicológico de cada usuario, modificaron las preferencias de los votantes, influyendo en el resultado electoral. Ello ha supuesto profundos cuestionamientos a la legitimidad del proceso electoral -aún en el contexto de una campaña que contó, en paralelo, con los mecanismos tradicionales de información-. En una campaña predominantemente virtual, la exposición a tales problemas y abusos es aún mayor y la legitimidad del proceso se encuentra bajo grave amenaza.

Las autoridades deben hacerse cargo de los problemas que supone la realización de todo el proceso constitucional en este contexto extraordinario, buscando alternativas que aseguren que las campañas no queden entregadas -casi- exclusivamente a las plataformas digitales. Si bien ellas ya han comenzado, aún hay tiempo para implementar medidas que aseguren que todos los ciudadanos puedan informar e informarse debidamente.

 

Columna de Luciano Simonetti, Abogado del Programa Legislativo, publicada en Voces La Tercera.-