Ha comenzado el proceso constitucional. Si bien el plebiscito se celebrarĆ” el 25 de octubre, todo evento electoral incluye el perĆodo de campaƱa, sin el cual el ejercicio del derecho a sufragio no serĆa informado y el proceso no gozarĆa de plena legitimidad democrĆ”tica.
Sin embargo, nos encontramos aĆŗn en estado de excepciĆ³n constitucional, con decenas de comunas en algĆŗn grado de confinamiento y con diversos derechos polĆticos -como locomociĆ³n y reuniĆ³n- severamente limitados.
MĆ”s allĆ” de los problemas que ello evidentemente supone para la realizaciĆ³n del plebiscito -y que deben ser abordados-, diversas autoridades polĆticas han sostenido que tales limitaciones no afectan al correcto desarrollo de las campaƱas electorales, pues hoy en dĆa ellas pueden realizarse por plataformas digitales. Sin embargo, una campaƱa predominantemente digital presenta diversas dificultades.
En primer lugar, tal situaciĆ³n es discriminatoria respecto de ciudadanos que pertenecen a ciertos grupos sociales que, por distintas circunstancias, no tienen acceso a Internet, tales como adultos mayores, sectores vulnerables y localidades rurales. En efecto, mientras el 99% de aquellos que tienen entre 25 y 34 aƱos gozan de acceso a Internet, quienes tienen entre 65 y 69 aƱos acceden en un 48%. Mientras el dĆ©cimo decil accede en un 96%, el primer decil lo hace en un 53%. Mientras en zonas urbanas el acceso es de 81%, en rurales es de 58%. La discriminaciĆ³n respecto de un sinnĆŗmero de ciudadanos que no tendrĆ”n la posibilidad de informarse en igualdad de condiciones es evidente.
En segundo lugar, tal situaciĆ³n se presta para abusos y futuros cuestionamientos a la legitimidad del proceso. Conocido es el caso de Cambridge Analytica y su influencia en las Ćŗltimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las que, por medio de noticias falsas fabricadas de acuerdo al perfil psicolĆ³gico de cada usuario, modificaron las preferencias de los votantes, influyendo en el resultado electoral. Ello ha supuesto profundos cuestionamientos a la legitimidad del proceso electoral -aĆŗn en el contexto de una campaƱa que contĆ³, en paralelo, con los mecanismos tradicionales de informaciĆ³n-. En una campaƱa predominantemente virtual, la exposiciĆ³n a tales problemas y abusos es aĆŗn mayor y la legitimidad del proceso se encuentra bajo grave amenaza.
Las autoridades deben hacerse cargo de los problemas que supone la realizaciĆ³n de todo el proceso constitucional en este contexto extraordinario, buscando alternativas que aseguren que las campaƱas no queden entregadas -casi- exclusivamente a las plataformas digitales. Si bien ellas ya han comenzado, aĆŗn hay tiempo para implementar medidas que aseguren que todos los ciudadanos puedan informar e informarse debidamente.
Columna de Luciano Simonetti, Abogado del Programa Legislativo, publicada en Voces La Tercera.-Ā
