El candidato a diputado Sergio Velasco utilizó los 2 segundos que le asignaron en la franja electoral del 2005 para exclamar “¡Trabajo, trabajo, trabajo!”. Esto, en el contexto actual, debería ser el lema nacional, dado el gigantesco deterioro de nuestro mercado laboral como consecuencia de la cuarentena.

En efecto, en la última encuesta del INE correspondiente al trimestre mayo-junio-julio 2020, incluyendo en cada uno de esos tres meses restricciones para que la actividad económica pudiera desarrollarse de manera normal, la tasa de desocupación llegó a 13,1%. Adicionalmente, el periodo incluye la vigencia de la Ley de Protección al Empleo, que entró en vigencia en abril pasado. La encuesta exhibe una fuerte disminución de 21% en el número de ocupados, lo que implica que cerca de 1,84 millones de personas perdieron su empleo en los últimos 12 meses. Dentro de los ocupados, el 11% corresponde a ocupados ausentes, siendo esa la categoría en la que se encuentran los trabajadores acogidos a la Ley de Protección al Empleo, estimados por el INE en 763 mil personas, sobre los cuales existe la duda si todos ellos serán finalmente reincorporados a su trabajo.

Por último, en relación a la encuesta, se observa una caída histórica de la fuerza de trabajo, en donde se han retirado cerca de 1,5 millones de personas, dada la cuarentena y la nula posibilidad de encontrar un nuevo empleo. Sin embargo, esos inactivos potencialmente activos saldrán a buscar un empleo lo antes posible. Así, el INE concluye que la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial implica que el desequilibrio del mercado del trabajo actual es de un 30,2%, alcanzando en los hombres a 27,7% y en las mujeres a 33,5%, lo que implica que un tercio de la fuerza de trabajo habitual ha sufrido un cambio sustancial en su realidad cotidiana.

A mediados de julio pasado el gobierno informó que incrementará temporalmente la cobertura de los subsidios a la contratación vigente para jóvenes y mujeres desde el 40% al 60% más vulnerable. En paralelo, creará un subsidio mensual, también de carácter temporal, para todo trabajador desempleado o suspendido. El subsidio debe ser equivalente a un porcentaje del sueldo mínimo, con un tope de remuneración bruta mensual de 20 UTM.

Si suponemos que el subsidio será el 50% del salario mínimo, esto es $160 mil mensuales aproximadamente, tendríamos que con el presupuesto total anunciado de US$2.000 millones se puede subsidiar la contratación de cerca de 1,6 millones de personas por seis meses. Esto ayudaría a absorber parte de los desocupados que actualmente buscan trabajo. Ahora bien, el debate se ha centrado en la ayuda para aquellos trabajadores que están con su contrato de trabajo congelado en virtud de la Ley de Protección del Empleo, ya que en ese caso el subsidio no es para incentivar la contratación de un nuevo trabajador, sino impedir que ese trabajador sea despedido, dada la precaria situación del empleador. La duda surge porque hay sectores que se recuperarán rápidamente y que no necesitan un subsidio para mantener a sus trabajadores contratados, ya que la reactivación de la demanda hace que el empleador los necesita rápidamente de vuelta. En cambio, hay otros sectores, como el turismo, en donde la reactivación tomará más tiempo y no solo necesita un Fogape especial, sino también un subsidio para no despedir finalmente a los trabajadores acogidos a la protección. Probablemente, la optimización de impacto de la ayuda fiscal debería considerar las diferentes realidades sectoriales, con una rapidez tal que tengamos lo antes posible ¡trabajo, trabajo, trabajo!

Columna de Tomás Flores, Economista Senior de LyD, publicada en El Líbero.-