Los dirigentes del gremio de los camioneros han levantado el paro que mantenían por casi una semana. La oposición había pedido al Gobierno que aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado a esos dirigentes por los trastornos que causaba su movimiento. Durante cuatro meses, los mismos que ahora pedían mano dura toleraron, alentaron y lucraron (políticamente) de la violencia ejercida por un grupo de anarquistas y extremistas que quemaron 40 estaciones del Metro de Santiago y cientos de supermercados a lo largo del país y llevaron a la quiebra a miles de pequeñas empresas y a la cesantía a cientos de miles de chilenos.

En el mismo período, y después incluso en plena pandemia, la mayoría de los políticos de la oposición se hicieron los lesos frente a los cientos de atentados a camiones, maquinaria agrícola, templos, escuelas e incluso edificios municipales realizados por grupos violentistas que invocan la causa mapuche en La Araucanía y regiones aledañas. Este movimiento provocó la muerte del camionero Luis Barrios, la herida a bala de una niña y la destrucción de las fuentes de trabajo de miles de chilenos en las regiones más pobres del país. Apoyaron la huelga de hambre del asesino de dos ancianos quemados vivos en su casa en la mitad de la noche.

Y ahora tienen la impudicia de pedir sanciones y mano dura contra hombres de trabajo que lo que piden es que los dejen trabajar tranquilos sin peligro de muerte para ellos y sus familiares. El diputado DC, Matías Walker, incluso, amenazó al ministro del Interior, Víctor Pérez, con destituirlo si no aplicaba la Ley de Seguridad Interior, un chantaje político impropio.

Cuando la violencia proviene de grupos que les son afines, los políticos de la izquierda piden al gobierno entender sus causas, solucionar el problema en sus orígenes y no aplicar la ley. Cuando son grupos que no les simpatizan, piden el máximo rigor de la ley. La ley debe aplicarse a todos por igual, la violencia no debe tolerarse en ninguna circunstancia y mientras ello no ocurra la oposición no tiene derecho a pedir nada. La verdad es que el movimiento de los camioneros se ha llevado a cabo de manera pacífica, sin violencia, sin ningún destrozo a propiedad pública o privada, sin carabineros heridos, sin bombas molotov y sin la interrupción de la circulación de vehículos en la mayoría de los casos.

Por esa razón, el carácter pacífico de la manifestación, el Gobierno ha hecho bien en no extremar la tensión con el gremio de los transportistas aplicando medidas inconducentes. Mantuvo, en cambio, el diálogo, que culmina ahora con el levantamiento del paro. Es un triunfo del ministro Víctor Pérez, que exhibió la ductilidad necesaria para manejar un conflicto complejo porque, por un lado, se basaba en reivindicaciones justas y razonables ya que el Estado debe garantizar el orden público y evitar atentados en las carreteras; y por otro, la prolongación del paro amenazaba con dañar a amplios grupos de la población si empezaba el desabastecimiento.

El Gobierno se comprometió a impulsar un conjunto de medidas para mejorar la seguridad en las carreteras, para mejorar la protección de los transportistas, y para dar mejor apoyo a las víctimas del terrorismo. El Presidente Piñera, al anunciar el fin del movimiento, señaló que es la obligación y el deber del Gobierno hacer respetar las leyes y el Estado de Derecho y utilizar todos los instrumentos que esas leyes y Estado de Derecho le dan para poder llevar más paz y tranquilidad a los camioneros y a todos los ciudadanos de nuestro país. Además, hizo un llamado al Congreso para la pronta aprobación y discusión de estas leyes que son urgentes y necesarias para luchar con mayor eficacia contra la violencia, la delincuencia y el terrorismo y darle así tranquilidad y seguridad a los hogares chilenos. El Congreso tiene ahora la palabra: si no aprueba estas leyes que llevan mucho tiempo sin avances, serán los políticos de oposición quienes se enfrenten contra los hombres y mujeres de trabajo que desean paz para poder realizar las tareas.

Pero el Presidente Piñera hizo también un giro, al decir que "comprendemos y empatizamos con sus manifestaciones, con sus dolores, con sus angustias (de los camioneros), porque sabemos que han sido víctimas de actos de violencia y de terrorismo e incluso entendemos y apoyamos las manifestaciones pacíficas que han hecho para expresar sus necesidades y sus inquietudes que son absolutamente compartidas por todo el Gobierno y la ciudadanía". El Presidente Piñera le está hablando, al fin, al país y no a la izquierda.

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo de LyD, publicada en El Líbero.-