En 2018 entraron en operación los primeros Servicios Locales de Educación, las nuevas entidades que de manera gradual irán haciéndose cargo de la administración de la educación pública en el país. La Ley N° 21.040 del año 2017 estableció para ello el traspaso de jardines infantiles, escuelas y liceos desde los municipios, en un proceso que hasta la fecha ha posibilitado la instalación de 11 nuevos servicios, de un total de 70 que deberán crearse en los próximos años.

Una de las novedades de esta nueva institucionalidad es que, al ser organismos más centralizados que el municipio -pues no agrupan solo una, sino varias comunas-, contienen una serie de instancias de participación para representantes de las comunidades; instancias que tienen por objeto mantener el vínculo con lo local y poder recoger la visión de los distintos estamentos para alimentar la toma de decisiones.

En ese sentido, la pandemia y el retorno a las clases presenciales aparecen como oportunidades para que la nueva educación pública demuestre sus virtudes en comparación con la saliente administración municipal. La experiencia de las localidades que ya han iniciado el retorno a clases es una prueba de que la voluntad e iniciativa local han sido claves. Lo que sugiere que los espacios formales de participación que ofrece la nueva institucionalidad de la educación pública debieran aprovecharse para que las comunidades resuelvan sus inquietudes, se organicen y trabajen en conjunto con las autoridades en la elaboración de las directrices para el retorno. De lo contrario, desaprovecharían una oportunidad inigualable para mostrar cuál puede llegar a ser su aporte diferenciador para una mejor gestión escolar.

Tras varios años en que la educación pública ha sobresalido más bien por aspectos negativos, hoy tiene la opción de posicionarse como un ejemplo y una inspiración para el resto del sistema escolar. Mientras algunos alcaldes ya han declarado su intención de no retomar las clases presenciales durante el segundo semestre, la nueva educación pública debiera distanciarse de las conveniencias políticas -esa fue de hecho una de las justificaciones para desmunicipalizar- y, en cambio, actuar por el bienestar de sus estudiantes. Si ésta lograse alinear a las familias y comunidades, recogiendo y canalizando sus inquietudes, podría liderar el regreso ordenado y seguro a las aulas a medida que las condiciones sanitarias así lo permitan, y sentar las bases del modelo a seguir por los demás colegios del país.

Pero, además, si tenemos en cuenta que es en los establecimientos públicos donde están sobrerrepresentados los niños que provienen de hogares más vulnerables, con mayor hacinamiento y condiciones menos ventajosas para el aprendizaje, entonces esto no se trata tan solo de una oportunidad, sino incluso de un deber que la educación pública no debiera evadir.

Columna de María Paz Arzola, Coordinadora del Programa Social de LyD, publicada en La Tercera.-