ACUERDO DE LOS ECONOMISTAS

Economistas de muy distintas sensibilidades políticas convocados por el ministro Briones, después de un intenso y apretado trabajo, han concordado una propuesta para enfrentar la emergencia del Coronavirus. Debe destacarse que personas que tienen pensamientos distintos y representan sensibilidades que van desde la UDI a Revolución Democrática hayan podido ponerse de acuerdo para elaborar un diseño que permita al país superar los difíciles momentos que viven muchas familias y empresas chilenas.

Para lograr un acuerdo así, es evidente que los economistas han debido dejar de lado o matizar sus posturas personales acerca de la magnitud de los recursos que se requieren para auxiliar a las familias; de los instrumentos que son más idóneos para canalizar esa ayuda; de las vías de salida desde una economía en recesión; de las fuentes de financiamiento; y de los caminos de convergencia en el futuro hacia la disciplina fiscal, que tantas ventajas le ha entregado a Chile. Cada una de las cuestiones que mencioné recién ha debido ser objeto de una intensa pero ilustrada discusión al interior del grupo.

Por esa misma razón, valorando mucho el esfuerzo, no puedo estar de acuerdo con cada una de las propuestas. Quiero partir, no obstante, por destacar aquellas cuestiones que me parecen positivas. La primera es la construcción de un marco fiscal para los próximos dos años y una convergencia deseada hasta el 2025. Esto es fundamental porque nuestro balance cíclicamente ajustado, o regla de déficit estructural como se le denominó en un principio, había perdido fuerza a punta de cambios metodológicos y algunos resquicios que permitieron eludir la disciplina fiscal. Es además ingenioso el mecanismo escogido, pues se crea un fondo Covid 19 separado, de 12.000 millones de dólares que es fundamental para la trazabilidad de este acuerdo. Todos podremos seguir y evaluar su cumplimiento por parte del gobierno.

Una segunda característica positiva es la flexibilidad de la propuesta. Si bien se hacen sugerencias concretas para la ayuda a las familias, entre 80 y 90 mil pesos por persona, y se fija el monto máximo que se extingue en 24 meses, el gobierno tiene la posibilidad de ir graduando el gasto total de recursos para la pandemia según se vaya evaluando la severidad y la duración de la emergencia sanitaria y su correlato en la actividad económica.

Entre las cosas que echo de menos es una propuesta más robusta para la reactivación. Si bien el subsidio a la contratación de mano de obra es idóneo, se renuncia a la herramienta fiscal al ser casi inexistentes las rebajas de impuestos. Una reactivación requerirá empresas con capital para invertir y serán muy pocas las que estén en esa condición después de la recesión.

Termino apelando a la buena fe de los parlamentarios, para que esto sea realidad en pocos días más.

 

Columna de Luis Larraín, Presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-