El gobierno ha convocado a un acuerdo nacional para enfrentar la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. La tarea es de gran magnitud. Por de pronto, y desde un punto de vista político, me parece que el primer desafío que debe asumirse es que, propuestas más o propuestas menos, efectuadas por unos u otros, el llamado a ponerse de acuerdo es del Presidente de la República. Es él quien ha convocado a una mesa que deberá conciliar distintas miradas, tensiones y puntos de vista. El llamado es a colaborar, no a imponer agendas políticas, ni menos a condicionar los apoyos al pago de altos costos. Debe aceptarse que quién guiará los destinos de esas recomendaciones es el gobierno, con el respaldo que esta mesa le brinde, y no al revés.

Respecto de los contenidos del acuerdo, las propuestas que de ahí surjan debieran considerar los mecanismos de financiamiento, por cuanto tiempo se recomienda su extensión (en lo que al impulso fiscal se refiere, se trata de medidas esencialmente transitorias) y cuáles serán los bordes o fronteras que respetar y cómo las vamos a hacer respetar. Evidentemente, las decisiones no son inocuas y generarán consecuencias. Quienes colaboren en la propuesta de acuerdo debieran remar para el mismo lado, al menos en este periodo, y dejar la actitud mezquina (que puede ser atractiva para algunos) de torpedear, en el intertanto, cada gestión de la actual administración o de generar un clima de mala convivencia social o de romper, a través de iniciativas paralelas y posiblemente maximalistas, con los principios del acuerdo. Por supuesto que estamos ante una situación dinámica que tolera y admite flexibilidades, pero dentro de ciertos márgenes. Debemos aprender de lo que “no se vio” tras el acuerdo de noviembre de 2019, en que muchos compromisos quedaron a nivel declarativo para luego no encontrar un correlato concreto en los hechos. Lo mínimo a exigir ahora es pasar de la declaración al compromiso.

Respecto al financiamiento de la agenda de medidas transitorias, es de suponer que si hay recursos disponibles dada la subejecución presupuestaria o derivados de programas o iniciativas con un deficiente desempeño -que debieran reorientarse a mejores y más urgentes usos- se priorizarán esos instrumentos sobre otros que serían más costosos. Si de todas formas hay que endeudarse o recurrir a los ahorros, porque la necesidad apremiante así lo amerita ¿Contemplará el acuerdo también un consenso sobre el límite recomendado de endeudamiento que un país como el nuestro, en vías de desarrollo, no debiera superar? Contraer nueva deuda nos obliga a adoptar una actitud responsable para su pago, pero también es cierto que las cantidades que se destinarán al pago de intereses no serán menores. No debe perderse de vista que son recursos que, entonces, se restarán de ser utilizados en otras políticas públicas que necesitaremos impulsar en el futuro. Y si sacamos recursos de los ahorros ¿Cuál será el compromiso en concreto para volver a llevar agua al molino y con qué énfasis y herramientas? ¿Estará realmente puesto el acento en el crecimiento o caeremos en un nuevo aumento de impuestos, como ha sido la tónica de los últimos años, afectando con ello nuestra capacidad de recuperación?

A mi juicio, el acento en la reactivación económica es crucial, pues solo así ayudaremos, en forma sostenible, a quienes están viviendo una delicada o compleja situación. Así, más allá de los impulsos fiscales que puedan ser pertinentes, concordar la introducción de flexibilidades en la innecesaria rigidez que tiene nuestra regulación en muchos ámbitos, como, por ejemplo, en la infinita burocracia que enfrentan quienes obtienen permisos para emprender o desarrollar proyectos o en la rigidez y obsolescencia de nuestra legislación laboral o mejorar la falta de capacitación o de habilidades de reconversión para los trabajadores es elemental.

La mirada hacia el futuro, en un momento en que enfrentamos una situación de emergencia social y económica es difícil. Pero sería profundamente errado no llevarla a cabo. No sabemos cuál será la siguiente crisis que nos asolará y si ella está a la vuelta de la esquina o tendremos años para recuperarnos. Las decisiones de hoy impactarán fuertemente a las generaciones futuras. En el pasado, quienes adoptaron ciertas determinaciones habilitaron el que hoy podamos enfrentar de buena forma esta crisis. El futuro depende de la responsabilidad con la que se tomen las decisiones ahora y ese desafío, concreto y con compromisos exigibles, no puede estar ausente del acuerdo nacional.

Columna de Natalia González, Directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-