Señor Director:
Claudio Lizana, en su carta publicada este jueves, se refirió al proyecto anticolusión y a la propuesta del Ministerio Público que pretende reformar la normativa vigente en lo que se refiere a la titularidad de la acción penal en la persecución de los delitos de colusión. Este planteamiento -que no está incluido en la iniciativa del Ejecutivo- merece los siguientes comentarios.

Primero, cabe preguntarse -debido a lo reciente de la última reforma al DL 211- si es conveniente reabrir un debate que puede dificultar la aplicación práctica de la delación compensada, instrumento que ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para detectar y sancionar carteles.

Segundo, el esquema vigente -en el que por cierto participa el Ministerio Público- evita las sentencias contradictorias que podrían dictarse en caso de que se tramiten dos juicios de manera paralela. Los resguardos que se establecieron con ocasión de la aprobación de la Ley 20.945 parecen suficientes para garantizar el buen actuar de la autoridad de Libre Competencia. Adicionalmente, la existencia de una guía que establece criterios generales reduce su discrecionalidad.

En suma, parece conveniente darle a la Fiscalía Nacional Económica -institución que ha hecho un buen uso de sus atribuciones y que ha sido exitosa en su labor- un voto de confianza y desechar la idea de innovar en esta materia.

Carta de John Henríquez, abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-