La recalendarización electoral era imperiosa, atendido el estado de catástrofe en que se encuentra nuestro país. Sin embargo, la reforma (Ley N°21.221) generó vacíos y problemas antes inexistentes.
Primero, fija de manera rígida la época del plebiscito cuando no existen certezas sobre la duración de la pandemia.
Considerando que el proceso plebiscitario comienza a fines de agosto -período de campaña-, un leve retraso en el control de la crisis sanitaria lo hará inviable. Así, habría sido razonable incorporar un mecanismo que permitiese a la autoridad sanitaria evaluar el estado de la pandemia en julio y, en caso de ser necesario, disponer su postergación.
Segundo, genera un vacío en la regulación de la Convención Mixta Constitucional. En caso de ser este el órgano electo, funcionará más allá del período del actual hemiciclo parlamentario, pudiendo haber congresistas que, integrando la Convención, cesen en su cargo. ¿Qué ocurre con ellos? ¿Siguen ejerciendo sus funciones como convencionales o deben ser reemplazados por representantes del nuevo hemiciclo? La reforma nada dice al respecto.
Tercero, la nueva Constitución puede eliminar cargos existentes o crear nuevas autoridades, tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo. Así, este itinerario crea la absurda situación en la cual elegiremos a nuestros representantes políticos en 2021, sin tener garantía alguna de que se mantendrán en sus funciones más allá de unos meses. Sumado a ello, no sabemos qué facultades tendrán bajo la vigencia de la nueva carta magna, lo que atenta contra un principio básico del Estado de Derecho según el cual a las autoridades políticas se las elige por un período determinado, con facultades expresas y conocidas de antemano.
Finalmente, genera incentivos perversos para la Convención, la que durante su funcionamiento sabrá quién resultó electo Presidente de la República y qué sector político obtuvo mayoría parlamentaria, lo que muy probablemente influirá en su trabajo, eliminando así el velo de la ignorancia rawlsiano que operaba con el antiguo itinerario y que incentivaba a todas las partes a consagrar un régimen político balanceado, que limitase el poder político, favoreciera la alternancia en el poder y fuese respetuoso de las minorías políticas.
De esta manera, el nuevo calendario electoral produce vacíos y problemas antes inexistentes. Sólo queda esperar que el Congreso se haga cargo de ellos por medio de proyectos de ley complementarios que reduzcan la incertidumbre de este proceso constituyente.
Columna de Luciano Simonetti, Abogado de Libertad y Desarrollo, publicada en Diario Financiero.-
