Esta semana el gobierno anunció el segundo paquete de medidas económicas para ir en apoyo de quienes como consecuencia de las medidas sanitarias tomadas para la contención de la propagación del virus enfrentarán una caída en sus ingresos. ¿Cuál se espera que sea el efecto en la economía para este año? Del orden de los US$ 8.750 millones. Esto es la diferencia entre nuestra economía creciendo a un ritmo de un 1%, tal como proyectaba el Banco Central en enero para nuestro país, y la proyección que ahora se ajustó a una caída del 2%. Los recursos disponibles para enfrentar la crisis económica y sanitaria contenidos en ambos anuncios ascienden a US$ 16.750 millones, de los cuales recursos adicionales para el área de salud hasta el momento ascienden a US$ 1.660 millones.  

Las medidas adoptadas en lo sanitario para contener la propagación del virus afectarán directamente a la economía. De ahí la importancia de aplicar masivamente test a sectores amplios de la población y a partir de ello tomar medidas de contención focalizadas de la propagación del virus, aplicando restricciones y cuarentenas localizadas y así evitar el cierre masivo y completo de la actividad económica.  

Mientras tanto, en forma acertada, el gobierno a través de distintos instrumentos ha puesto el foco en evitar la quiebra masiva de empresas y con ello la consiguiente pérdida de empleo, así como también entregar recursos a los hogares de menores ingresos que sufrirán una caída de los mismos. En el caso de los trabajadores dependientes del sector privado, aquellos que tienen un contrato de trabajo y, por ende están cubiertos por el seguro de cesantía, pueden acceder a él sin la necesidad de terminar con el vínculo laboral, sino que sólo suspendiéndolo. En el caso de las personas que tienen ingresos desde sectores informales de la economía, personas generalmente asociadas a los sectores de menores ingresos, el gobierno ya en una primera instancia anunció la entrega de un bono COVID 19 a quienes hoy ya reciben ayuda desde el Estado como consecuencia de su clasificación de vulnerabilidad que constata en el registro social de hogares. Adicionalmente a lo canalizado por el gobierno central, se creó un fondo de US$ 100 millones a ser repartido entre las comunas del país, para que los alcaldes puedan apoyar a los distintos hogares en sus territorios. Y ahora, a los US$ 270 millones comprometidos por estas dos vías, se agregaron US$ 2.000 adicionales para este grupo de trabajadores. 

Si bien no se conocen mayores detalles de a quienes específicamente se asignarán estos recursos, hay dos aspectos que se deben considerar al definirlo. En el caso de los recursos canalizados por los municipios, es importante focalizar los esfuerzos identificando en forma objetiva a qué hogares se debe priorizar sobre la base de parámetros objetivos y verificables, de forma tal de acotar eventuales conductas corruptas y clientelares. Y en el caso de los adicionales US$ 2.000 a entregar a los sectores más necesitados, se debe contar con criterios que reflejen la situación actualizada en la cual se encuentra cada hogar y no sólo sobre la base de sus antecedentes históricos, ya que ello dejaría sin ayuda precisamente a quienes en estas semanas han sufrido una caída en sus ingresos. 

Queda pendiente un tercer grupo de trabajadores. Los independientes que emiten boletas de honorarios. Se ha planteado la necesidad de entregar apoyo también a ellos. Estos eventuales beneficios deben ser similares a los trabajadores dependientes a plazo fijo y que reciben recursos desde el Fondo Solidario de Cesantía, de forma tal de entregar desde el Estado un trato similar a los trabajadores dependientes o a honorarios.  

Por el lado de las empresas, ambos anuncios contemplan recursos para que estas accedan mediante préstamos blandos y con garantía estatal a la caja suficiente para hacer frente a sus compromisos con proveedores, arrendadores y trabajadores, entre otros. Rápidamente ya se levantaron voces exigiendo que el apoyo a las empresas no sea mediante la entrega de crédito, sino que mediante una transferencia directa de recursos, desconociendo como ha sido recurrente que los recursos fiscales son limitados y que la prioridad es apoyar a los sectores más vulnerables que son los más afectados frente a una crisis económica.  

Otro tema que queda pendiente por resolver es si el Estado irá o no en ayuda de grandes empresas. Si bien se amplió el acceso al crédito con garantía del estado a empresas de un mayor tamaño, queda por ver si se tomarán acciones para las más grandes. Al respecto, cabe hacer presente que lo relevante es no dejar a las autoridades políticas la decisión de a qué empresas apoyar durante esta crisis, sino que diseñar mecanismos de ayuda, donde sean los potenciales nuevos inversionistas quienes respondan las preguntas de a quién apoyar y en qué condiciones. 

Con todo, mientras los economistas nos enfocamos en la discusión de cómo diseñar iniciativas para paliar los efectos de la paralización económica, está en manos de los expertos correspondientes la implementación de medidas lo menos invasivas a la actividad económica posible. Probablemente ella sea hoy la inversión con mayor retorno.  

Columna de Bettina Horst, Subdirectora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, publicada en El Mercurio.-