La amplia gama de necesidades que surgen a partir del COVID-19 y la urgencia con la que éstas deben ser abordadas son de gran magnitud. A los múltiples retos sanitarios, se suman desafíos económicos (protección del empleo, proporcionar liquidez y velar por el adecuado funcionamiento de la cadena de pagos), retos que deben abordarse simultáneamente. La distribución en el tiempo de las medidas a adoptar y que aquella sea consistente con dar respuesta a todos, y no solo algunos, de los desafíos que surgen y surgirán es muy relevante. La complejidad del problema es mayor y por ello no hay respuestas evidentes. De ahí que quienes impulsan soluciones binarias, que solo ponen el foco en uno de los múltiples desafíos de esta emergencia, olvidando las otras dimensiones del problema, o que ponen en constante contradicción la protección de la salud con el razonable funcionamiento de la economía, me resultan un grupo de charlatanes. 

También me parece que lo son quienes valiéndose del miedo que la pandemia y sus efectos genera en los ciudadanos, no escatiman en esfuerzos para criticar o invalidar el rol de la iniciativa privada y de la sociedad civil, pegándole al modelo de desarrollo. Sin embargo, y para irritación de esos críticos, tanto en Chile como en el mundo, los privados han puesto a disposición de las autoridades sus capacidades al servicio de este desafío. Las empresas y la sociedad civil han ofrecido importantes recursos y valiosa investigación e innovación al servicio de este reto y han reconvertido rápidamente sus capacidades para la elaboración de insumos necesarios para la emergencia ¿Lo hacen por caridad? En algunos casos sí y en otros lo harán porque anticipan que, de no hacerlo, el perjuicio particular y social será mayor ¿Hay maldad en este raciocinio? Por supuesto que no. Todos tomamos decisiones analizando los costos y los beneficios; todos preferimos hacer menos de lo que nos causa un mal y más de lo que nos proporciona un bien. Por ello es que, en su gran mayoría, el sector privado se ha anticipado a los efectos que la pandemia podría ocasionar en las comunidades a las que éste atiende o emplea, proponiendo medidas mucho más adecuadas a las realidades de aquellas que las soluciones propuestas en diversas mociones parlamentarias que imponen remedios únicos a necesidades diversas.

Con lo anterior no pretendo implicar que al Estado no le quepa un rol relevante que jugar. Es evidente que en el contexto actual se necesita de un esfuerzo fiscal importante y no solo en términos de recursos, sino también de coordinación y liderazgo y de imposición del orden necesario. Ahora bien, concordar que al Estado le cabe un rol relevante en esta catástrofe no es lo mismo que clamar por una creciente intervención estatal y exigirle al Estado chileno esfuerzos equivalentes al de un Estado de país rico (que no somos). Si el Estado ha de aumentar su rol en la sociedad, como piden algunos, ello significará más políticos con más poder ¿O usted creía que claman por más Estado porque les parece que el Estado es un ente más benevolente? Y si hay más políticos y con más facultades, se necesitarán más recursos para financiarlos, los que pagaremos todos nosotros vía impuestos. Impuestos que solo suben y que, en consecuencia, complican y ahogan la iniciativa privada. Y si acorralamos a la iniciativa privada estaremos en un problema pues estrecharemos las oportunidades. No olvidemos que más del 80% de la inversión total proviene del sector privado y que alrededor del 90% del empleo lo provee dicho sector ¿Se da cuenta? Lo inquietante de todo esto es que los críticos no persiguen un objetivo transitorio o excepcional, sino que buscan instalar una retórica permanente (cuestión que no revelan abiertamente), sin mencionar cómo es que esa mayor intervención del Estado irá mermando cada vez más nuestras libertades. 

Por ello, no seamos ingenuos ante el murmullo crítico que cierta parte de la oposición, influencers y rostros televisivos buscan instalar bajo la consigna de que todo es insuficiente. Más que hacer un aporte constructivo y colaborativo, pareciera ser que lo que está detrás de esa estrategia -o de la otra pandemia- es desplazar a la iniciativa privada y a la sociedad civil como motores de solución. Desde mi punto de vista, el Estado y el sector privado deben sumar esfuerzos en lo que cada uno tiene ventajas comparativas. Ese entendimiento, y no uno que busca postergar a todo un sector de la población, ha sido el que durante 30 años nos ha permitido construir un país del que nos sentimos orgullosos. Que no se nos olvide.

Columna de Natalia González, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos en El Mercurio.-