El Presidente de la República anunció un nuevo plan de emergencia para proteger a los trabajadores informales y a las empresas. A través de instrumentos transitorios y orientados a que no se interrumpa la cadena de pagos, se intenta que las personas y los emprendedores puedan sobrellevar estos complejos meses. Más allá del valioso anuncio y del hecho que los planes se vayan concretando en la medida que las necesidades se van presentando, quisiera destacar que parte importante de los recursos de este nuevo paquete se financiará con recortes al presupuesto 2020 o reasignaciones, por US$ 2.000 millones, y con iniciativas de austeridad fiscal. Ello constituye un esfuerzo muy importante por parte del Ejecutivo por hacer más eficiente y eficaz el gasto público, que contribuimos a financiar todos los chilenos. Se trata de una cuestión que en tiempos normales debiera ser de la esencia, pero que, en tiempos extraordinarios, en que se demanda un mayor esfuerzo fiscal, resulta imperiosa. Sería impresentable, ante la ciudadanía, que fuera de otra forma.

En términos generales, se congelan nuevas contrataciones (salvo en Salud) y no habrá aumentos de remuneraciones del sector público. Asimismo, se recortan las horas extras y los viáticos, y se reduce el gasto corriente y de soporte en las reparticiones, suspendiéndose además algunas compras. También se prioriza y revisa la pertinencia del gasto en materia de programas gubernamentales, lo que tiene toda lógica y debiera transformarse en un ejercicio permanente ante necesidades dinámicas.

Carta al Director de la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, Natalia González, en El Mercurio.-