La asonada de violencia que vivió Chile a partir del 18 de octubre puso al gobierno de Sebastián Piñera en un escenario impensado: debió enfrentar como autoridad la tarea de asegurar el orden público ante ataques de inusitada violencia, procurando al mismo tiempo que se respetaran los derechos humanos de manifestantes e incluso de fuerzas insurgentes cuyo objetivo era derribar su gobierno.

El presidente Piñera, que fue muy crítico de las violaciones a los DDHH en el gobierno militar, tenía ahora la difícil prueba de supervisar el uso legítimo de la fuerza contra quienes violentamente alteraron el orden público hasta límites intolerables para el normal desenvolvimiento de las actividades del país.

No era una tarea fácil. Menos, considerando que Carabineros, la principal institución con que contaba para ello, había sufrido sucesivas crisis que minaron su reputación, incluyendo fraudes en que altos oficiales se enriquecieron a costa del erario nacional; operaciones de inteligencia como Huracán, en que se falsificaron pruebas para inculpar a imputados; y el caso Catrillanca, donde se disparó a un comunero mapuche causándole la muerte cuando éste se encontraba desarmado. Como consecuencia de estos hechos, entre generales y coroneles debieron dejar la institución en poco tiempo cerca de 60 altos oficiales y la moral institucional y sus capacidades operativas quedaron disminuidas.

Tratando de evitar que el mantenimiento del orden público derivara en violaciones a los derechos humanos, Piñera se contactó tempranamente con el INDH, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y el país recibió la visita de otras instituciones especializadas.

Todos los informes, inevitablemente a mi juicio dada la magnitud de la violencia, consignaron violaciones a los DDHH. Parece de toda lógica, no obstante, que uno de los criterios para calificar como violación a los DDHH una actuación de la policía, sea el uso desproporcionado de la fuerza. Pues bien, en muchos casos fue tal la violencia ejercida por quienes atacaron a Carabineros, que difícilmente puede llegarse a la conclusión de “fuerza desmedida” en las actuaciones policiales. Quizás por ello Sergio Micco y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, se abstuvieron de calificar como sistemáticas dichas violaciones, lo que les valió críticas de la izquierda. Una serie de imágenes han circulado en Chile y el extranjero que muestran escenas de mucha violencia. Ciertos políticos, irresponsablemente, han acusado a Piñera de violar los derechos humanos e incluso algunos lo califican de dictador, lo que es inaudito.

Es muy injusta esta calificación y el gobierno ve con impotencia estas imputaciones. Ello podría explicar algunos errores comunicacionales de los últimos días, en el afán de demostrar la exageración y distorsión que ha tenido en medios de comunicación la presentación de este tema.

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en La Tercera.-