Mujeres e indígenas en la Convención Constitucional

El Presidente Piñera acaba de promulgar la modificación al capítulo 15 de la Constitución que echa a andar el proceso para definir si tendremos una nueva Constitución, cómo la escribiríamos y cuáles serían sus contenidos. Mucha gente en Chile esta esperanzada con lo que puede resultar de este proceso. Creen que una nueva Constitución les permitirá una mejor calidad de vida, acceso a salud de mayor calidad, una vejez más digna y tantas otras cosas.

Desgraciadamente, son escasos los políticos que están interesados en sacarlos de su error. Por supuesto, una nueva Constitución no garantiza nada de eso. De hecho, todos estos temas y aspiraciones se pueden reformar sin cambiar la que tenemos hoy.

Pero la mentira de los políticos está pasando de la omisión a la acción, lo que es verdaderamente preocupante. Como algunos saben, la ley que ha sido recién promulgada será modificada inmediatamente, en un plazo que puede durar un par de semanas. La razón para cambiar lo que pactaron los partidos en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución es que algunos políticos afirman que había que modificarla para que “participen las mujeres, los pueblos originarios y los independientes”. Esa frase, así textual, se la hemos escuchado a políticos de izquierda y derecha.

Pero resulta que la frase es de falsedad absoluta. Aunque usted no lo crea, el proyecto que fue promulgado el lunes permite la participación en la Convención de mujeres, personas de pueblos originarios e independientes. La única situación en que ello podría no ocurrir es que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo para no presentar candidatas mujeres ni candidatos que provienen de pueblos originarios. Eso es por supuesto un absurdo, no ha ocurrido antes ni ocurrirá.

¿Por qué mienten de esta manera los políticos? ¿Por qué lo hacen también los medios de comunicación cuando reproducen acríticamente esa frase? En parte por flojera, por no darse el trabajo de explicar que la legislación actual permite la participación de todos estos grupos y que lo que quienes desean cambiar la ley aprobada como fruto del acuerdo político quisieran, es asegurar un resultado tal, que esos grupos, mujeres y pueblos indígenas tengan una participación mínima asegurada, que en el caso de las mujeres es mayor a su participación en la población votante y en el caso de los indígenas al menos igual.

Eso es lo que de verdad se ha discutido estos días y lo que ha producido diferencias entre los partidos de Chile Vamos. ¿Por qué no podemos decirlo de esta manera?

Es evidente que los proyectos de ley que se han presentado con posterioridad a la aprobación de la ley promulgada el lunes no respetan los términos del acuerdo. Es cierto que la transgresión, dependiendo de cómo finalmente se aprueben esos proyectos, puede no ser grave o no alterar mucho la voluntad popular (que es lo que se les reprocha) pero su contenido no respeta lo que se pactó en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución.

Distinto es el caso en que se establecen preferencias para los candidatos, como una forma de fomentar la participación de personas o grupos que han tenido menor presencia en la política en el pasado. Ese es el caso de las cuotas de candidatos, que en nuestra legislación existen ya que las listas deben incluir al menos un 40% de postulantes de uno y otro sexo. Incluso la UDI, que ha acusado que no se respeta el acuerdo, estuvo de acuerdo en que se subiera ese mínimo a 50% con lo que se obtenía paridad de candidatos, no así de resultados. La paridad de resultados, que no existe en democracias occidentales, exige postergar a un candidato que ha obtenido más votos, en beneficio de uno que sacó menos, solamente por el sexo de este último. Se ha argumentado que los sistemas electorales, como el D’Hont, provocan el mismo efecto. La diferencia es que estos últimos podrían provocarlo y sin que sepamos quién será el favorecido; en cambio la paridad de resultados que se estaría instaurando provocará una distorsión de todos modos en favor de algunos. Esto es, deliberadamente y ex ante, se toma la decisión de favorecer a un grupo sobre otro.

Como decíamos antes, en el caso de género esta alteración de las preferencias expresadas a través del voto, existe sólo en países como Afghanistan, Bangladesh, Burundi, Nepal, Rwanda, Sudán del Sur y varios más de Africa. En relación a escaños para pueblos originarios, son escasísimos los países que los establecen y en general representan porcentajes muy menores del electorado. Es el caso de Bolivia que tiene 7 escaños reservados en la Cámara de Diputados que representan el 5,4% de la población y Colombia, que tiene 5 diputados que alcanzan a 2,9% de la población.

Concluyendo, podemos decir que son muy pocos los países en el mundo que tienen un sistema de paridad de género y en general ellos corresponden a una realidad cultural distinta a la chilena. En el caso de escaños reservados para indígenas, que también existe en escasos países, éstos son muy pocos en relación al total. Una realidad muy distinta a la que han querido pintarnos acá en Chile, donde poco menos que presentan estas innovaciones como avances civilizatorios.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-