Insurgencia, daño a la economía y medidas del Gobierno

Quienes apoyan irrestrictamente las movilizaciones sociales insisten en hacerlo pese a los evidentes costos que éstas han ocasionado al país. Aunque a estas alturas es evidente que la desatada violencia que ha estado incendiando las ciudades de nuestro país y destruyendo sus calles y comercios está altamente correlacionada con las convocatorias a paro y huelga general de la llamada Mesa de Unidad Social, el apoyo a la movilización sigue superando el 60% según la encuesta CADEM.

Y ahora empieza a manifestarse otra consecuencia de la violencia. La semana pasada se notificaron 41.543 despidos de trabajadores de empresas medianas y pequeñas en el último día hábil del mes. Adicionalmente se informó de 9.141 despidos en empresas grandes, de los cuales 3.121 corresponden a empleados de supermercados. Vale decir, cincuenta mil nuevos cesantes que tendrán que enfrentar este difícil período que viene en precarias condiciones. Por otra parte, según anuncia la Subsecretaría del Trabajo, en el mes de noviembre se aumentó en 80 % el número de despidos por necesidades de la empresa, pasando de 33.000 en noviembre de 2018 a 61.000 en noviembre de 2019.

Desgraciadamente, este es el comienzo de un período negro de la economía chilena. Lo previsible es que las cifras de desempleo sigan aumentando en los próximos meses, tanto por efecto de la violencia que impide la normal realización de actividades comerciales y productivas, como de la incertidumbre por el proceso constituyente y la insistencia de algunos de partir con una página en blanco, que significa que no hay derecho alguno que esté garantizado en el futuro ya que todos ellos serán sometidos a las mayorías establecidas para tomar acuerdos.

El IMACEC nos indica que la economía chilena registró en octubre su peor caída mensual en más de 10 años, llegando a un valor de -3,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. El sector minero que creció un 0,9% atenuó un poco la baja del indicador pues la caída del sector no minero fue de un 4%. El comercio y turismo, los servicios y la actividad industrial han sido los más perjudicados. Más de 16% han caído las ventas del comercio. Hay temores de que el IMACEC del mes de noviembre tenga una caída aún mayor, pues allí se reflejará un mes entero con el país funcionando a media máquina.

A esta situación debiera sumarse el progresivo deterioro que sufrirá nuestra economía como consecuencia de la incertidumbre institucional. Dos años en que se ignoran las reglas del juego fundamentales que nos regirán en el futuro en cuestiones tan importantes como el derecho de propiedad, pueden ser muy dañinos, dependiendo de los términos en que se dé la discusión política. Y como los políticos parecieran estar en una competencia de medidas populistas, cada cual más dañina para la estructura económica de Chile, es difícil que la economía no se deteriore.

Ello nos haría caer en un círculo vicioso, pues la ralentización de la actividad intensificará los problemas de desempleo y restricción en los salarios y la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda en un escenario de devaluaciones alimentará una mayor inflación. Todo ello redundará en más frustración.

La reacción del Gobierno

El gobierno ha reaccionado con una agenda de protección del empleo, sincerando un cambio en la proyección de crecimiento a 1,4% para 2019 y a un rango entre 1 y 1,5% el 2020. Esta agenda se basa en medidas de corte fiscal, aumentando fuertemente el gasto público que crecería el año 2020 un 9,8%, cifra que no se veía desde el año 2009 y supera largamente el 4,5% de aumento aprobado en la ley de presupuesto. El déficit fiscal se elevaría hasta 4,4% del PIB, similar al del año 2009.

Se trata de un paquete de medidas por 5.500 millones de dólares de los cuales 3.025 millones son mayor gasto público, apoyo a Pymes por 1.950 millones y otras iniciativas por 525 millones. El gobierno espera crear, o rescatar, cerca de 100 mil empleos el próximo año con estas medidas.

La agenda tiene un alto impacto en términos de equilibrios macroeconómicos. De partida se modificaría el compromiso de convergencia estructural, que contemplaba reducir un 0,2% del PIB por año el déficit de modo de llegar a 1% del PIB en 2022. La meta de déficit estructural para 2020 será de 3% del PIB y se reducirá 0,5% por año para llegar a 2% del PIB en el año 2020.

El financiamiento de todas estas medidas, cerca de US 16.000 millones el próximo año, se hará con US 9.000 millones de nueva deuda y el uso de activos por US7.600 millones. La estimación del Ministro de Hacienda es que esto llevará la deuda pública bruta a niveles de 38% del PIB para 2024, lo que es un aumento significativo respecto al 26% actual. Adicionalmente, el Presidente Piñera anunció la entrega de un bono de 100 mil pesos a cerca de un millón y medio de familias, lo que tendría un costo fiscal de 185 millones de dólares.

Ante situaciones extraordinarias, y esta lo es, el país debe utilizar los recursos que posee para emergencias y beneficiarse de políticas de equilibrio estructural en tiempos normales que rinden frutos en tiempos difíciles. La solvencia de los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda permite confiar en que se ha hecho un uso prudente de nuestros recursos. Hay sin embargo dos interrogantes que permanecen y pueden poner en peligro el camino elegido por el gobierno para abordar la crisis.

La primera es si estamos en una fase terminal de la ola de violencia insurgente y delictual que ha asolado nuestras ciudades. Si es así, la magnitud del esfuerzo fiscal podría ser suficiente para hacerse cargo de todo el daño provocado a la economía por la insurgencia. De lo contrario, la situación de empleo e inversión seguirá deteriorándose a un ritmo que la política fiscal no será capaz de compensar.

La segunda interrogante es si el gobierno continuará cediendo a las presiones opositoras en reformas estructurales como la de pensiones. Esto sería desolador, pues afectaría gravemente el mercado de capitales y la confianza de los inversionistas, además de introducir el reparto intergeneracional en el peor momento histórico de la demografía de nuestro país. Como consecuencia de ello en lugar de mejorar las pensiones futuras, ellas empeorarán, como está ocurriendo en diversos países que tienen sus sistemas de pensiones basados en reparto.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-