Acuerdo constitucional

En un acto de buena fe, de transversalidad política y en un complejo momento, se suscribió el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. En él todos los firmantes mandataron a una Comisión Técnica, integrada paritariamente por representantes del oficialismo y de la oposición, para determinar los aspectos indispensables de este. La Comisión entregó una propuesta integral, autoejecutable para reformar el Capítulo XV de la Constitución.

Sin embargo, un mes después, diputados de oposición cuyos partidos suscribieron el Acuerdo, lo incumplieron, desconociendo su letra y espíritu. Ello, a través de la aprobación de indicaciones en la comisión de Constitución de la Cámara que son ajenas y contradictorias con el Acuerdo y la propuesta de la Comisión Técnica. Adicionalmente vulneran la igualdad ante la ley y el reconocimiento expreso de que en Chile no hay grupos privilegiados. Nos referimos a las cuotas de género de resultados y a los escaños reservados para pueblos indígenas, que además aumentan los integrantes totales de los órganos constituyentes.

Presionados por asistentes que enarbolaban carteles aludiendo a los pueblos indígenas y señalando que "No son 30 años sino más de 500 años", la referida comisión de Constitución dio luz verde para comenzar a socavar la democracia y el valor intrínseco de la igualdad en el voto. Hoy, además, busca que estas modificaciones, que impactan el corazón del procedimiento para dictar una eventual nueva Constitución, sean aprobadas en Sala por un quorum inferior de 3/5, arguyendo que son normas transitorias (recordemos que la reforma al Capítulo XV de la Constitución requiere un quorum de 2/3 para aprobarse).

Así, la comisión de Constitución, de mayoría opositora, no solo desconoce el Acuerdo y el trabajo de la Comisión Técnica, sino que desatiende la institucionalidad vigente por razones que se alejan del bien común o porque se actúa bajo presión, miedo y la amenaza de los vociferantes. ¿Estará la Sala de la Cámara a la altura para enmendar el rumbo y dar señales de certeza jurídica a la población mostrando que los acuerdos están para cumplirlos?

 

Carta de Natalia González, Pilar Hazbún y Luciano Simonetti, publicada en El Mercurio.