SEGURIDAD PARA LA DEMOCRACIA

¿Cómo calificar los primeros incendios simultáneos en 7 estaciones del Metro, más un incendio intencional en el centro de despacho de subtransmisión eléctrica, más centenas de incendios en supermercados, más otros ataques al Metro que en total dejaron 77 estaciones inutilizadas?

El Metro había sido blanco de ataques desde el episodio del SubCentro Escuela Militar en 2014. Los rayados anarquistas han aparecido periódicamente, y más recientemente una carta bomba contra el Presidente del Directorio. También enviaron un paquete bomba al Presidente de CODELCO. En la página web ContraInfo - la misma donde un grupo se atribuye las cartas bombas contra la 54° Comisaría de Huechuraba y el ex ministro Hinzpeter - hay un post del 7 de octubre de 2019 con la imagen de un bus envuelto por el fuego y un llamado a una semana de sabotaje y evasión del transporte público. Estas actividades se han replicado además en otras ciudades.

Esto es anarco-terrorismo puro y duro, sin relación alguna con las molestias ciudadanas.

Al brotar simultáneamente la plausible indignación ciudadana por los reiterados abusos y la inequidad, se abrió para estos grupos una enorme ventana de oportunidad. En cada marcha pacífica se infiltran violentistas e inician la destrucción e incendio de mobiliario urbano y locales comerciales.

Nos parece evidente concluir que en estas semanas de crisis hubo uno o más grupos anarquistas altamente coordinados, que prácticamente se han tomado Chile, aliados con grupos violentistas como algunas barras bravas, como es el caso de la estación Pedreros del Metro. Lo ocurrido en Chile quedará en los anales mundiales del anarquismo de las últimas décadas por su dimensión. No parece ser su objetivo principal causar muertes, sino caos y, como aparece en sus manuales, el eventual colapso del “Estado opresor”.

Es absurda la tesis de que los ataques concertados el 18 de octubre se expliquen por la desigualdad. Tampoco se explica por la salida a las calles de las Fuerzas Armadas por 9 días pues, como confirmó un ministro del Interior de la Presidenta Bachelet1, esa salida fue ineludible ya que “Carabineros y la PDI se vieron superados por los delitos previos”. Es negacionismo confundir los atentados del día 18 y subsiguientes, con la marcha pacífica del día 25, que expresó legítimo descontento con la desigualdad, los parlamentarios, el gobierno y los militares, al igual que es absurdo confundirlo con saqueos de aficionados ante la ausencia policial.

Ya es hora de afirmar que estos grupos anarquistas han encontrado en Chile el campo casi completamente despejado, porque el Estado chileno presenta una incapacidad en materia de
seguridad interna mucho mayor que otros Estados. En particular, la Agencia Nacional de Inteligencia no parece haber tenido utilidad alguna.

Esa incapacidad se manifiesta también en las numerosas ocasiones - que condenamos con firmeza - en que ha habido acciones de violencia innecesaria y violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Al inicio ello pudo atribuirse a hechos muy aislados, fruto de verse sobrepasados por la violencia del momento. Pero ya hay catorce policías formalizados por torturas, y el INDH ha denunciado cientos de casos adicionales, incluyendo el uso de perdigones a la altura de la cara y el uso de gases lacrimógenos de manera no provocada en marchas claramente pacíficas. No es aceptable la violación de las normas y reglas internacionales relativas al uso de la fuerza, por parte de los aparatos de seguridad del Estado.

Estas acciones, por cierto, han contribuido significativamente a encender aun más los ánimos de parte de la ciudadanía y a la prolongación del conflicto.

Aunque no es para nada evidente que haya existido una sistematicidad en estas actuaciones, como fruto de instrucciones a algún nivel de los mandos medios o altos, se ha hecho evidente la incapacidad de estos mandos para controlar estas situaciones, y el escaso entrenamiento de la policía para estos hechos.

Por cierto, saludamos y felicitamos a las y los miles de efectivos policiales que han trabajado abnegadamente, muchos sufriendo daños físicos de consideración, en estos trágicos episodios.Ver a una mujer policía con la cara quemada por una molotov y a otra sumergida en una montaña de apaleadores, oprime el estómago.

La ciudadanía exige, los firmantes de esta carta exigimos, una seguridad similar a la de los países avanzados en materia de control al terrorismo y el anarquismo, y de adecuado manejo de las manifestaciones ciudadanas, cualquiera sea su motivo.

Una explicación principal es la incapacidad de nuestro “ecosistema de seguridad interna”, compuesto por: Carabineros, PDI, Inteligencia, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Cárceles y los Comités del Congreso que ven la legislación penal. Para complementar este ecosistema también deberían apoyar Impuestos Internos y la UAF, siendo la pista del dinero esencial.

La falencia de este ecosistema de seguridad es una situación antigua en Chile, como revelan sus fracasos respecto a las actividades violentas en la Araucanía por 15 años, en el Instituto Nacional y otros Liceos, así como respecto a los narcotraficantes que también constituyen una amenaza creciente. Estas falencias se repiten hoy en la incapacidad de defender al Metro de nuevos ataques.

De poco servirá una agenda social, sin un esfuerzo inmediato para fortalecer el ecosistema de seguridad interna. Para los anarquistas, toda mejora social será irrelevante para modificar sus enfermizos propósitos. Poco impide que vuelvan a incendiar las ciudades, el Metro, o cualquier otra instalación vital.

¿Puede Chile recuperar la paz haciendo cabildos a lo Macron, o diálogos ciudadanos? La participación por medio de plataformas digitales ¿puede proveer respeto y dignidad? Para muchos
ciudadanos indignados sí, pero no para los anarquistas, que tienen su conflicto propio y que a estas alturas sienten que van ganando.

Si los votantes en las elecciones de 2020 no obtienen seguridad, la abstención será alta y la legitimidad aún menor que hoy. Habrá menos candidatos competentes. Sin seguridad interna no hay democracia, ni participativa-digital ni representativa. Las grandes mayorías sufrirán muy pronto cuando la recesión se profundice, porque muchos componentes de la sociedad no pueden funcionar sin seguridad. Por todo esto, desplegar un piso básico de seguridad es una prioridad transversal y absolutamente urgente, cualquiera sean las reformas sociales que se pacten.

Proponemos un pacto político transversal para obtener asesorías extranjeras de alto nivel, con el fin de refundar todo el ecosistema de seguridad interna. Francia ha desarrollado un derecho penal especial aplicado al terrorismo, que se puede adaptar, y también formó una Fuerza de Intervención especializada. La European Gendarmerie Force (asociación de policías de Francia, Holanda, Italia, España, Polonia, y otros) brinda entrenamiento a terceros países para responder a la violencia. La Unión Europea provee ayuda a la policía de Kosovo y podría proveerla a Chile. La National Security Agency de EE.UU. puede ayudar revisando millones de mensajes recientes para ayudar a la Fiscalía chilena a reunir pruebas. Comunicar ahora esta nueva estrategia, con fuerza y unidad, disuadirá al menos a parte de los violentistas, aunque la implementación de las medidas tome tiempo.

La sociedad civil y las universidades, por su parte, deben investigar en seguridad y en participación digital. El Combating Terrorism Center evalúa tácticas concretas, mientras que el Belfer Center de la Escuela de Gobierno de Harvard analiza estrategias.

Sobre todo, se debe debatir y desacreditar una tesis tramposa: los coordinados ataques anárquicos del día 18 y subsiguientes serían tolerables porque pueden forzar cambios. La palabra clave es “forzar”, es decir pasar por encima del electorado, la democracia y los millones de chilenos que han sido obligados a caminar horas a diario a y desde su trabajo por falta de transporte.

Carta suscrita por Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, Lucía Santa Cruz, Consejera de Libertad y Desarrollo junto con 20 actores civiles:  Alejandro Barros, Raphael Bergoeing, Andrea Butelmann, Carlos Castro, Beatriz Corbo, Rafael del Campo, Francisca Dussaillant, Javier Etcheberry, Pablo González, María Paz Hermosilla, Ignacio Irarrázaval, Sebastián Izquierdo, Ramiro Mendoza, Leonidas Montes, Claudio Mundi, Rafael Pastor, Claudio Pizarro, Roy Rogers, Alfie Ulloa, Salvador Valdés y Mario Waissbluth.