A policías, soldados, aviadores y marinos se les ordena mantener el orden público para proteger a la población. La explosión social no proviene de ellos. Otra vez surge de la incapacidad de la sociedad civil para resolver racionalmente sus diferencias. Muchos políticos han demostrado preferir sus intereses personales, ideológicos y partidistas antes que suscribir un acuerdo efectivo para restablecer el orden público, básico y condicionante de una innovadora y potente agenda social. Dar prioridad a la abstrusa, aunque necesaria discusión constitucional, expone al país a prolongar un desastre. Indignantes, aberrantes y contrarias al interés de Chile son las distorsiones comunicacionales, en especial de la televisión, sobre la realidad nacional. La protección de la seguridad de las personas se presenta como abuso generalizado del uso de la fuerza pública.

No se publican las esforzadas actividades agrícolas, industriales, mineras, de servicios públicos básicos, puertos y aeropuertos. Se omite que grupos organizados humillan, atentan contra la vida y provocan graves daños a la integridad física de los uniformados. Se les desconoce la presunción de inocencia, sus derechos humanos, al debido proceso y a la defensa propia y de terceros, y se les enjuicia por el ejercicio legítimo de la fuerza, conforme a la necesidad, gradualidad y proporcionalidad. Más grave, sin prueba alguna, se extienden a decenas de miles de uniformados los abusos y conductas impropias individuales y condenables, de un número limitado de denuncias, algunas fundamentadas y otras instrumentales y artificiosas. Se las generaliza falsamente, como acciones sistemáticas, ordenadas por sus mandos y por la autoridad civil. Se apunta a minar y destruir a las instituciones castrenses y de seguridad. Los jefes de las FF.AA. han debido emitir un comunicado para defenderse ante los ataques injustos de algunos políticos, comunicadores y activistas.

Durante agotadoras jornadas, ha correspondido a los uniformados disuadir a grupos organizados, resueltos a agredirlos, destruir, saquear, incendiar y apedrear iglesias, el transporte público, establecimientos educacionales, intervenciones de bomberos, servicios para la salud, infraestructura y la propiedad privada. Los siniestros, por miles de millones de dólares, comprometen el empleo, la inversión, el abastecimiento, emprendimiento y el futuro de Chile. Antoine Rivarol, testigo, principal historiador, considerado por Burke como el Tácito de la Revolución Francesa, afirmó que el abandono de los militares no fue una de las causas de la revolución, fue la revolución. Eso lo saben los violentistas y parece no apreciarlo la mayoría que respeta el Estado de Derecho. Habría que preguntarse qué suerte correría el país si no contara con las Fuerzas Armadas y de Orden, ahora desamparadas por la sociedad, que elude su responsabilidad: el restablecimiento del orden público no es posible sin su participación, no es una obligación solo de militares y carabineros. Es una obligación de todos, especialmente de los dirigentes políticos.