La popularidad de los plebiscitos se encuentra en alza. Cual dogma, se acepta sin matices que ellos constituyen la máxima expresión democrática. La participación directa de los ciudadanos sería garantía de que la decisión política que de ellos emana plasma la verdadera voluntad popular, depurada de las distorsiones que la representación le introduce. Se trataría, por tanto, del único mecanismo capaz de determinar fielmente la “voluntad del pueblo”. Sin embargo, los plebiscitos -o referéndums- poseen graves deficiencias y se encuentran en franca oposición con los principios más esenciales de la democracia.

Hannah Arendt, pensadora judío-alemana del siglo XX y ávida crítica de los totalitarismos, sostenía que la esencia de la política era la palabra. Lo que distingue a la esfera política es que en ella impera el diálogo, la persuasión y los acuerdos. Es en ella donde se encuentran y contraponen la heterogeneidad de perspectivas imperantes en una sociedad pluralista, convirtiendo sus naturales disensos en consensos. Así, la política trata del estar juntos a pesar de la diversidad, y de conciliar, en el diálogo, los antagonismos que suscita dicha pluralidad. Solo en ese espacio de conciliación surge la vida política. Surge, en definitiva, la democracia.

Por tanto, la esencia de la democracia es la deliberación. Joshua Cohen, teórico de la democracia, sostiene que los resultados del procedimiento de toma de decisiones políticas solo son democráticamente legítimos si ellos son fruto de una discusión razonada. Esto, debido a que, a través de ella, es posible encontrar las razones que motivan las posturas de todos los participantes, y a partir de ellas definir los puntos comunes que, debido a que interpelan a todos, propician la agencia colectiva.

Tal discusión, por su parte, debe ser reglada. En efecto, la democracia, en cuanto sistema político, es un mecanismo de coordinación que aspira a regular los asuntos públicos en razón del juicio que se toma en el demos. Como sostiene Jürgen Habermas, el ideal democrático se traduce en procedimientos destinados a constituir la autoridad, conducir la gobernanza y dar legitimidad a las decisiones colectivas. No basta, por tanto, el diálogo, sino que éste debe darse dentro de un procedimiento con diversas instancias de deliberación, actuación y evaluación públicas. Las decisiones democráticamente legítimas son aquellas que se adoptan en el marco de un procedimiento discursivo reglado y temporal, que así responden a los ajustes y cambios en las preferencias de una ciudadanía heterogénea en sus intereses y experiencias políticas.

Entendida la democracia como procedimiento discursivo, se tornan evidentes las contradicciones que existen entre ella y los mecanismos referendarios. En efecto, los plebiscitos eliminan el diálogo, limitando todo el procedimiento democrático de toma de decisiones al acto único de votación, impidiendo con ello cualquier posibilidad de encuentro entre las distintas posturas que coexisten en la sociedad. A su vez, simplifican los asuntos públicos, al limitar a una pregunta reduccionista y a una respuesta binaria -dada en un único momento histórico- la determinación de la voluntad de la ciudadanía y con ello de las soluciones que se han de proponer a los diversos y siempre complejos problemas colectivos. Sumado a ello, son mecanismos que se prestan fácilmente para la manipulación y arbitrariedad. Preguntar nunca es una actividad neutral, en cuanto quien formula la pregunta define el espectro de lo posible, el marco dentro del cual la respuesta puede situarse. Quien pregunta siempre está, parcial y tácitamente, respondiendo. Esto se acentúa aún más si la respuesta se confina a un sí o no, pues en tal caso ella no solo está limitada por el marco conceptual que la pregunta le impone, sino también porque, dentro del mismo, no hay espacio para matices ni reflexiones. Solo está permitido el asentimiento incondicionado o el rechazo absoluto. La manipulación temporal es aún más evidente, en cuanto quien decide la oportunidad de la consulta puede aprovechar momentos circunstanciales de gran conmoción para así predecir la respuesta que se ha de obtener.

Por estas razones es que el plebiscito no solo no es la más pura institución democrática, como muchos afirman, sino que se opone a ella. Evidencia de ello son los graves problemas que han generado en los sistemas democráticos europeos y la constante crítica a la que son sometidos. Y es que un mero agregado de preferencias, sin espacio a la deliberación y de fácil manipulación, no representa voluntad popular alguna. En las sociedades pluralistas la voluntad colectiva está siempre sujeta a influencias y cambios, no tratándose de algo pétreo ni misterioso que ha de ser revelado. Tal voluntad es siempre un proyecto inconcluso, que se construye a través de un procedimiento discursivo y sostenido en el tiempo, en el que los acuerdos y concesiones van configurando un aparato de políticas públicas que son justificables para todos los miembros de la comunidad política.

En definitiva, y como afirmaba el historiador Elie Kedourie, no hay nada conclusivo sobre los plebiscitos, excepto el hecho de que un determinado grupo de la población, influenciado por propaganda, presiones, pulsiones e inducciones externas, vota de una determinada manera, y no de otra, en un día determinado.

Columna de Luciano Simonetti, Abogado de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-