Insurgencia y Mesa de Unidad Social

Los niveles que ha alcanzado la violencia en las jornadas de convocatoria a paros o huelgas nacionales están amenazando nuestra democracia. La llamada Mesa de Unidad Social, compuesta en lo principal por organizaciones controladas por el Partido Comunista, ha llamado en varias oportunidades a movilizaciones, que han coincidido con los días de mayor violencia en distintas ciudades de nuestro país.

La Mesa está integrada, entre otras organizaciones, por la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, La Confusam (trabajadores de la salud). No+AFP y la Confech (estudiantes de educación superior). Ha convocado a paros o huelgas los días 12, 21 y 26 de noviembre. La dinámica de estas jornadas ha sido similar. La convocatoria es un fracaso en su intento de paralizar las actividades nacionales, dado que algunas de estas entidades son organismos de fachada con pocos asociados, o bien sus afiliados por distintas razones se pliegan solo parcialmente al paro. En este último caso están los profesores y trabajadores de la salud, que acuden en gran número a trabajar y en otros casos organizan turnos éticos. No+AFP no es una organización de trabajadores, la CUT tiene escasos afiliados en el sector privado y sólo la ANEF logra paralizar a un número importante de personas, aunque con excepciones como el Registro Civil, su paralización no afecta de manera grave las actividades nacionales. Lo mismo puede decirse de la Confech.

El resultado concreto es que en los días de paro uno puede recorrer sin problemas las principales ciudades del país, especialmente en la mañana, con la excepción de puntos críticos como la Plaza Baquedano en Santiago y ocasionales barricadas. Las convocatorias de la Mesa de Unidad Social fracasan entonces en su intento de paralizar el país. A modo de ejemplo, el martes 26 de noviembre Santiago funcionó normalmente. A las cinco de la tarde empezaron a congregarse jóvenes en la Plaza Baquedano y hubo una marcha de empleados públicos que congregó a seis mil personas en la Alameda Bernardo O’Higgins.

El problema es lo que viene después; junto al atardecer empiezan violentas manifestaciones en diversas ciudades del país, incluyendo saqueos, barricadas, ataques a cuarteles policiales, destrucción de bienes públicos y privados. La Mesa de Unidad Social logra de esta manera esconder su escasa capacidad para paralizar el país por la vía de manifestaciones pacíficas, creando el caos y el miedo en todo el país. Ya no es posible disimular que las convocatorias a movilizarse de la Mesa son en verdad llamados al vandalismo, la destrucción y la violencia y tienen como objetivo la desestabilización del gobierno legítimamente constituido. Los llamados de dirigentes del Partido Comunista a la renuncia del Presidente Piñera son una prueba más de que esta es una estrategia de insurgencia.

Ha sorprendido la poca capacidad del gobierno para mantener el orden público. En su defensa hay que decir que las fuerzas policiales se encuentran cansadas y muy disminuidas en su capacidad de represión por la implacable persecución de organismos de derechos humanos, otros activistas disfrazados bajo ese manto y periodistas de medios de comunicación que dan una cobertura desmesurada al uso de violencia por parte de Carabineros en relación a las violentas acciones de los manifestantes que han causado un gran número de víctimas en el personal de Carabineros. Si bien siempre hay que estar atentos a las observaciones de organismos serios en materia de derechos humanos, también debe considerarse que el cuestionamiento permanente a la acción de la policía, sin atender a la proporción y magnitud de la fuerza que están enfrentando, lesiona su capacidad para resguardar el orden público. Las cifras de carabineros heridos son impactantes y no reciben la misma atención que las lesiones que sufren quienes pretenden subvertir de manera ilegítima el orden público.

Creemos que ha llegado el momento de que el gobierno ejerza acciones judiciales contra quienes convocan a estas violentas protestas, pues de lo contrario la situación de orden público se agravará hasta límites insospechados.

Cualquier persona con sentido común se da cuenta que el principal problema que vive Chile hoy es la violencia desatada en sus calles. Paradojalmente, los políticos parecen no darse cuenta de ello o no hacen nada para detenerla.

¿Por qué la política no ha visto esto? Hay cierta izquierda que no lo hará, pues la violencia es necesaria para su estrategia de derrotar al gobierno de Sebastián Piñera. Hay otra parte de la oposición que, con gran irresponsabilidad, se hacen los lesos, pues la extrema debilidad del gobierno es útil para su propósito de imponer sus puntos de vista sin contrapeso en la discusión de la agenda social y del cronograma constitucional. La derecha, por su parte, ha carecido de claridad y coraje para tomar la causa del orden público como su principal bandera.

Así, los políticos, que han tenido aciertos en el Acuerdo por la Paz, la Justicia y una Nueva Constitución, están con la cabeza sumergida en la cuestión constitucional sin ver lo que ocurre a su alrededor. Como la orquesta del Titanic, perfeccionan los acordes de su proceso constituyente que, con este nivel de violencia, no llegará jamás a puerto.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-