¿Cambiar el Modelo o modernizarlo?

El gobierno, presionado por la situación que vive el país negocia a puertas cerradas con la oposición una serie de cambios a sus reformas más importantes. Como hay pocos detalles, no realizaré aquí un análisis acabado de estas negociaciones y su mérito, aunque sí haré una consideración de carácter general. Hacia el final, plantearé los cambios que sí se deben hacer al modelo para responder a los tiempos que vive el país.

Sobre las negociaciones, un par de cosas acerca de con quién se negocia y qué se negocia. Se negocia con los parlamentarios de la oposición, los mismos que han negado la sal y el agua al gobierno y que comparten con éste la responsabilidad de no haber sabido interpretar las demandas ciudadanas. Si el gobierno piensa que accediendo a sus peticiones va a aplacar las demandas de la calle está muy equivocado, porque la oposición política y parlamentaria no las representa, ni tiene control alguno sobre el movimiento social. Cada cesión que se hace, aleja al gobierno de su ideario, sin ningún beneficio tangible, es inútil y puede agravar la situación si es que deteriora las capacidades de crecimiento, lo que retroalimenta el malestar de la población. Es el caso de las reformas tributaria y de pensiones como veremos.

La reforma tributaria de Piñera tenía como objeto recuperar la inversión. Lo que ha trascendido de las negociaciones es un aumento de impuestos que incluye incluso impuestos patrimoniales, rompiendo la tradición tributaria de nuestro país. Un impuesto patrimonial a las viviendas de más de 200 millones de pesos es incomprensible. Estamos hablando de las mismas viviendas sobre las que se discutía hasta hace poco una rebaja o exención de contribuciones, porque sus propietarios no podían pagarlas. Como siempre ocurre con los impuestos patrimoniales, la base es demasiado pequeña. Los super ricos tienen una participación de propiedades en su patrimonio que es muy pequeña, en cambio la clase media tiene gran parte de su patrimonio allí y será la gran perjudicada.

La reforma de pensiones tenía como premisa fundamental que el aumento de cotizaciones debía ir a las cuentas individuales y no a reparto, porque el sistema ya tiene un Pilar Solidario que realmente beneficia a los más pobres. Escuchamos que se está negociando un aporte que iría a reparto. ¿Se olvidó el gobierno de sus reparos al reparto y ahora lo encuentra positivo?

Esto no es una negociación, es una concesión permanente y sin ninguna cesión de la otra parte. ¿Por qué el gobierno no incorpora a la oposición a una mesa para concordar protocolos para las manifestaciones públicas? ¿Por qué no pide nada a cambio de sus cesiones?

Por supuesto esto no significa que pensemos que no había nada que cambiar. Era necesario un equipo nuevo, pero con un plan y una estrategia, y varios ajustes al modelo.

Ajustes al Modelo

Si atendemos a lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años, podemos convenir que en el ojo de la crisis está el hecho que el modelo funciona muy bien “en quinta velocidad” término que me sugirió un amigo, pero no lo hace en marchas inferiores. Hace cinco años que el PIB per cápita en Chile crece a menos del 1%. Eso es completamente insuficiente para las expectativas que se ha formado la población y también para los compromisos y hábitos de consumo que una gran clase media ha adquirido en estos años. Ello explica la generalizada percepción de que los salarios y pensiones no alcanzan para llegar a fin de mes. Reaviva también el malestar contra la desigualdad al constatar que otros no tienen ese problema y se apunta entonces a la elite.

Lo paradojal de esta crisis es que el Programa de gobierno de Sebastián Piñera había detectado esta realidad y se hacía cargo de ella, aunque quizá en forma insuficiente. El programa Clase Media Protegida respondía justamente a esa realidad: el gran número de personas en Chile que habiendo salido de la pobreza están en una situación muy vulnerable que se gatilla con eventos como la pérdida del empleo de un miembro del grupo familiar, una enfermedad catastrófica o incluso una que sin serlo obliga a un gasto de bolsillo en medicamentos desproporcionado para los ingresos. La respuesta son mecanismos amortiguadores y de seguros, que hagan soportable esa situación. Habida consideración de lo vivido en el pasado reciente, hay que incluir mecanismos de estabilización de tarifas que permitan atenuar fluctuaciones violentas entre estos instrumentos.

Como veremos enseguida, definitivamente la lentitud del trámite legislativo conspiró contra una atención más oportuna de estos problemas. El seguro catastrófico de FONASA, por ejemplo, no ha avanzado lo suficiente en el Congreso y no es una realidad que esté hoy ayudando a la gente en esas contingencias.

El caso anterior nos permite adentrarnos en un problema más global que es lo mal que ha funcionado en nuestro país el sistema político. Ello es especialmente relevante con un régimen presidencial en que el gobierno tiene minoría en el Congreso. La tramitación de proyectos “emblemáticos”, como la reforma tributaria y la de pensiones, por ejemplo, se encaminó rápidamente hacia una suerte de tubo, sin ventanas hacia el exterior ni una salida visible, donde el gobierno y la oposición negociaban cuestiones tan incompresibles para la población como la reintegración o la administración de sus ahorros para la vejez por parte de un “ente” estatal. Estas negociaciones pueden ser eternas y como no hay ventanas para mirar al exterior los protagonistas de ellos pueden desconectarse absolutamente de la realidad. Hay mucho que mi mirar en relación a nuestro sistema político y legislativo.

Si la desigualdad pasa a ser intolerante cuando los ingresos de la mayoría se estancan, hay una dimensión de ésta que debiera ser intolerable en todo momento. Se trata de la desigualdad de la inversión del Estado en espacios e infraestructura pública. Desgraciadamente un ejemplo de cómo, en algún caso al menos, habíamos dejado atrás esto, el Metro de Santiago, fue parcialmente destruido en estos días. Definitivamente la inversión municipal y regional en espacios públicos, plazas y parques, veredas y calzadas, seguridad ciudadana y por supuesto transporte en todo el país, debe ser mucho más igualitaria que hoy. Hay que realizar reformas profundas en esta materia que no sólo toquen al Fondo Común Municipal y su distribución, sino vayan más allá, con una mayor provisión de fondos desde el gobierno central a los municipios de menores recursos.

Para terminar dos cosas: la primera es que la agenda social del gobierno debe partir por una reconstrucción de las ciudades afectadas por el terrorismo y el vandalismo, que incluya también ayuda para los pequeños comercios y emprendimientos que se vieron afectados. Ellos son los más vulnerables hoy día. Lo segundo, que tiene dimensiones que escapan incluso a las posibilidades de la política pública, es el mejor trato a los demás, el reconocimiento a la igual dignidad de las personas. Eso requiere un cambio en nuestra cultura, que puede ser alentado desde la política, pero cuyo partido principal se juega en la cancha de cada una de las familias de este país.

 

Columna de Luis Larraín, Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo, publicada en El Líbero.-